A través de sus medios aliados, el opositor venezolano Juan Guaidó ratificó la invitación a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Venezuela, pese a la negativa del Gobierno constitucional de Nicolás Maduro.
«En ningún momento el Gobierno de la República de Venezuela ha invitado o dado anuencia a la CIDH para realizar una visita al país», recoge una misiva enviada a la OEA, publicada por el canciller venezolano, Jorge Arreaza.
Pero el grupo de Guaidó insiste en haberse constituido «como un gobierno legítimo» y alega que Venezuela sigue siendo miembro del «ministerio de las colonias» y del sistema interamericano, por lo que expresó: “Ratificamos la invitación a la CIDH”.
Por ello, el opositor reiteró que una comisión de la CIDH planea llegar al país suramericano la próxima semana para «cumplir su agenda con las víctimas, con organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, y constatar la situación de derechos humanos».
El fértil Prado de la desestabilización
Además, echó mano de la Comisión de Derechos Humanos de su Asamblea Nacional -la que aún considera que preside-, la cual señaló: “La visita se mantiene. La posición que jugamos es a que la visita se dé. Si no se da, queda reflejado en los informes”.
Así lo expresó, de hecho, Humberto Prado, representante de la mencionada “comisión”, quien indicó que “no dejarla entrar demostraría que se vulneran los derechos humanos”, con lo que prevé reeditar e insistir en lo reflejado en el “informe Bachelet” de 2019 contra el país.
Nadie más idóneo que Prado, quien se ha constituido en el supuesto «comisionado presidencial (de Guaidó) para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas», y quien cuenta con el apoyo irrestricto de las más diversas ONG venezolanas «defensoras de los derechos» pagadas por organismos como la Usaid y la National Endowment for Democracy (NED), implicadas en golpes de Estado y desestabilización en la región latinoamericana.
Una sola versión de los hechos
Por otra parte, la delegación de la CIDH estaría compuesta por cinco personas que vendrían a «verificar» aspectos que esgrime constantemente la ultraderecha en el país, a través de sus empresas de comunicación: la presunta “persecución de diputados» o los supuestos «instrumentos de control social», entre los que incluyen a la plataforma del Carnet de la Patria, que el chavismo implementó para que los venezolanos puedan sortear el impacto económico generado por el bloqueo estadounidense.
Además, prevén «monitorear» la libertad de expresión y el funcionamiento de los servicios públicos. Para ello, por supuesto, se basarán exclusivamente en lo que opinen sus interlocutores opositores, lo que da cuenta de que sólo habrá una versión de los hechos. Nada muy distante de lo ocurrido con el texto emitido por la Alta Comisionada de DDHH de la ONU.
Venezuela está fuera de la OEA
En la misiva publicada por el canciller Arreaza se resalta que “Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas por la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país».
Cabe recordar que el Presidente venezolano presentó su salida formal de la OEA en 2017 por considerar que este organismo violó el artículo de su carta que establece la no intervención en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Dicha salida se hizo efectiva en abril de 2019 y, a pesar de ello, Guaidò se ha aliado con los 12 países del Grupo de Lima para declarar ilegitima la toma de posesión de Nicolás Maduro, y para reconocer a su delegado Gustavo Tarre Briceño como «representante de Venezuela» en la Organización de Estados Americanos.
FF/VTactual.com
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