El pueblo puertorriqueño se debate entre la incertidumbre y la indignación en medio de la pandemia. No conforme con las corruptelas vinculadas con los suministros para atender las emergencias del Huracán María y del enjambre sísmico de principios de este año, el Covid-19 ha sido la “oportunidad de oro” para que empresas vinculadas con el gobernante Partido Nuevo Progresista incursionen en la venta de pruebas y equipos médicos con sobreprecio y sin ninguna garantía de que el gobierno de Estados Unidos autorice su uso en la isla.
¿Empresarios que ven en las crisis una oportunidad?
Apex General Contractors es una pequeña compañía de construcción propiedad de un asiduo donante del partido de gobierno que debutó en el área de los suministros médicos con la orden de compra por parte del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) de un millón de pruebas rápidas por 38 millones de Dólares.
La compra no se efectuó porque el cargamento no llegó en la fecha prometida, ni tenía aval del gobierno federal. Sin embargo esta es la punta del iceberg; ya que las pruebas serológicas no superan los 16$ por unidad en el mercado internacional y Apex las estaba cotizando en 38$, con más del 100% de sobreprecio.
El dueño de la empresa, Robert Rodríguez López, declaró que tuvo la idea de vender pruebas rápidas cuando sus otros negocios – la constructora y una torrefactora – no pudieron seguir operando debido a la cuarentena y que el contacto para el negocio con el gobierno lo logró su abogado, Juan Maldonado, un ex subsecretario de Transportación y Obras Públicas, según reseña el diario El Nuevo Día.
Apex General Contractors tuvo contratos en el área de construcción por 4.2 millones de dólares durante los gobiernos de Luis Fortuño y Ricardo Rosselló Nevares. Rodríguez López – entre 2015 y 2017 – financió las campañas de Rosselló Nevares, del excomisionado residente y aspirante a la gobernación, Pedro Pierluisi, y del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, según registros de la Oficina del Contralor Electoral.
Por su parte, 313 LLC aprovechó la crisis del Coronavirus para “modificar” sus objetivos – informática, tecnología y construcción – e incluir el área de servicios médicos. El cambio se hizo el 18 de marzo de este año según consta en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado y en menos de una semana estaba haciendo ventas millonarias de pruebas rápidas para detectar el coronavirus al gobierno de Puerto Rico.
Todo quedó entre “socios”
Tanto Apex General Contractors como 313 LLC están relacionadas con Grupo Lemus, una firma de consultores y cabilderos fundada en el 2018 por Juan Suárez Lemus, un activista del Partido Nuevo Progresista (PNP) estrechamente vinculado a altas figuras de esa colectividad.
Las dos empresas hicieron las ventas al gobierno por precios sustancialmente más altos de lo que cuestan las pruebas de detección del Covid-19 en el mercado y – de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por “El Nuevo Día” – lo hicieron a un costo hasta tres veces mayor del que les hizo otra compañía boricua con amplia experiencia en el campo de productos médicos que también realizó negocios con las autoridades puertorriqueñas durante la emergencia sanitaria.
Un ejemplo de ello es que 313 LLC le vendió directamente al Departamento de Salud entre el 20 y el 24 de marzo 1.500 pruebas por 45$ cada una y 100.000 pruebas a $36 por unidad, para un total de 3.6 millones de dólares. Los mismos tests serológicos chinos habían sido ofrecidos previamente por otra empresa a 2,30$ cada uno. Aparentemente, esta otra empresa – llamada NOVA – no tiene vínculos con el PNP.
Estas irregularidades están siendo investigados por la Cámara de Representantes de la isla y por el FBI para determinar las responsabilidades en este escándalo que ha impactado a la opinión pública de la isla caribeña.
La actitud “socrática” de Wanda Vásquez
Sócrates, el gran filósofo griego, resumió su pensamiento con la expresión “Sólo sé que no sé nada”. La Gobernadora Wanda Vásquez la ha utilizado en innumerables ocasiones, desde que era Secretaria de Justicia de Roselló hasta nuestros días, para evadir su responsabilidad en todos los casos de corrupción que han sucedido desde entonces.
En el escándalo que nos ocupa, declaró en una rueda de prensa que no intervino en las compras y que no tenía conocimiento de que los costos que el gobierno estaba pagando por las pruebas estaban por encima del valor a nivel global.
“Ninguna intervención (de mi parte), eso es una función del Departamento de Salud, (la compra) la hizo el Departamento de Salud. No tenía por qué dudar de las actuaciones que tomaron los secretarios y la secretaria interina. (…) entiendo que son personas que conocen su trabajo, así que confío en el funcionamiento de estos secretarios”
En una entrevista para Metro PR, Vásquez va más allá y expone que no era necesario que le consultaran los detalles de las compras como, por ejemplo, las empresas o los montos en los que ofertaban las pruebas:
“No había ninguna razón para consultármelo a mi. El gobernador no tiene que tomar ninguna determinación con relación a eso”
EEUU pide explicaciones
El Comité de Finanzas del Congreso de los Estados Unidos envió una carta a Wanda Vázquez en la que exige respuestas a las recientes controversias que han rodeado el manejo de los fondos por las emergencias de los terremotos y de la compra de pruebas del Departamento de Salud.
El documento indica: «Desafortunadamente, recientemente han habido revelaciones preocupantes sobre la inestabilidad del liderazgo en el sistema de salud de Puerto Rico, así como clara falta de responsabilidad en las adquisiciones y contrataciones por parte del gobierno»
Ante estos señalamientos, Vasquez Garced, salió al paso diciendo que los respondería oportunamente.
Enza García Margarit/VTactual.com
#VTanálisis Puerto Rico enfrenta al Coronavirus en medio de la crisis
