El primero de cinco buques enviados por Irán con combustible y productos petroleros llegó a Venezuela, este domingo, en medio de una escalada de tensiones y una batería de amenazas contra Teherán y Caracas desde EE.UU., país que rechaza que tal flota –Fortune, Forest, Petunia, Faxon y Clavel- transporte 1,5 millones de barriles de gasolina hacia la nación suramericana.
Durante la mañana, se anunció que el tanquero Fortune, en aguas jurisdiccionales venezolanas desde la noche anterior, se encontraba rumbo a la refinería El Palito, ubicada en el central estado Carabobo, por lo que el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, ofreció escoltar la nave con algunas unidades de la Armada venezolana.
El gobierno iraní había advertido en días anteriores que habría «consecuencias» si Washington, declarado enemigo desde hace años, impedía la llegada de los tanqueros al Caribe, mientras la Casa Blanca tachaba de “preocupantes” los lazos entre Irán y Venezuela.
Solidaridad iraní llega en momento oportuno
Lo cierto es que los buques iraníes llegan a una Venezuela semiparalizada por la escasez de gasolina, inducida por un bloqueo criminal que durante los últimos meses ha impedido que las autoridades negocien combustible con otros países o que adquieran los aditivos y componentes con los que podrían fabricar el carburante en el propio país.
No obstante, algunas agencias de la hegemonía comunicacional global señalan que el desabastecimiento, crónico desde hace años en zonas fronterizas, se ha agudizado durante la cuarentena ordenada en marzo frente al nuevo coronavirus, y se pliegan a los argumento de la derecha endógena, que alega corrupción, desinversiones y malos manejos en la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Asimismo, reportan con morbo las kilométricas colas de vehículos en las estaciones de servicio, donde se raciona el combustible, pero obvian mencionar los esfuerzos y gestiones de la administración de #DonaldTrump para evitar que Venezuela resuelva el asunto, mediante la compra de combustible a Irán, por ejemplo, a la que se ha opuesto abierta y enconadamente a través de su pesada artillería diplomática y de intimidación militarista.
Ciertamente, la producción de crudo de Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, viene en caída libre por un colapso de la industria, que llevó la extracción a 600 mil barriles/día, mientras que la actividad de las refinerías se ha desplomado al punto de que Venezuela se ve obligada a importar gasolina para cubrir el consumo interno.
Preparándose para todos los escenarios
A la espera de los buques iraníes, la Fuerza Armada realizó el jueves pruebas de misiles en La Orchila, isla al norte de Venezuela, como parte de los ejercicios militares «Escudo Bolivariano», un despliegue permanente ordenado en febrero.
Mientras tanto, Caracas ha tenido que dirigir una misiva al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para denunciar los movimientos de EE.UU. para intervenir y perturbar el tránsito de los buques y el arribo de la preciada carga.
En un comunicado, el opositor Juan Guaidó –diputado autoproclamado presidente encargado de Venezuela- consideró, en sintonía con los halcones de la Casa Blanca, que los barcos “servirán para enriquecer a la mafia dictatorial” como se refiere a las autoridades y al mercado ilegal que florece con la escasez de gasolina.
Un paso adicional de la derecha interna
A toda esta situación se suma que un tribunal del distrito de Delaware, EE.UU., se pronunció sobre la venta judicial de las acciones de la empresa Citgo, propiedad de Pdvsa, tras “llevar a cabo un acto de piratería moderna a través de un proceso que carece de legitimidad”, como le calificó el canciller venezolano, Jorge Arreaza.
“Con esta sentencia, queda clara la existencia de un plan por parte del gobierno estadounidense de confiscar los activos de Pdvsa en EE.UU. Para tales fines, han delegado en el diputado Juan Guaidó y sus cómplices, el establecimiento de una fraudulenta representación de la República y de Pdvsa, que no sólo es ilegal, sino que actúa en detrimento del interés nacional, en beneficio de las intenciones injerencistas”, dice un comunicado de la Cancillería venezolana.
Venezuela repudió la sentencia que permite ejecutar “un laudo por valor de 1,2 millardos de dólares” en favor de la empresa canadiense Crystallex en contra de la República, a pesar de que ni Pdvsa ni Citgo ni PDV Holding son deudores de Crystallex ni sujetos de un procedimiento ante el Tribunal Arbitral del Ciadi o Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Abogado de un fraude
El abogado impuesto por el grupo de Juan Guaidó, y avalado por Washington, representa fraudulentamente a la República, pero en realidad trabaja como asesor jurídico de Crystallex y pretende confundir como uno solo el patrimonio de Venezuela y el de Pdvsa.
“Ante este acto de arbitrariedad y piratería moderna, la comunidad internacional, en particular quienes poseen inversiones en EEUU, deberían permanecer muy atentos a este caso, puesto que resuilta indicativo de las acciones que EE.UU. está dispuesto a llevar a cabo, incluso en contra del ordenamiento jurídico internacional e interno, para hacer valer sus intereses sobre inversiones extranjeras estratégicas”, dice el comunicado.
Así las cosas y en contubernio con la justicia estadounidense Washington y la derecha liderada por Juan Guaidó buscan afianzar una decisión previa en la que había autorizado la liquidación de Citgo, aunque utiliza a los medios del país para negar el peligro que se cierne sobre los activos venezolanos en el exterior.
FF/VTactual.com
