Recientemente, una postal recorrió el mundo: tres mujeres con chaquetas de color negro se “encadenaron” a las afueras del Vaticano, en Roma, con la exigencia de libertad para dos personajes de la política venezolana que se encuentran presos.
Se trataba de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López; Mitzy Capriles de Ledezma, cónyugue de Antonio Ledezma; y Antonieta López, madre del primero. Exigían libertad para sus familiares, y lo hacían en la sede del Vaticano por la participación de este como mediador del diálogo entre Gobierno y oposición en Venezuela.
Todo esto, a pesar de los cargos que se les imputan a ambos, y que están asociados a hechos de violencia en los que otros venezolanos perdieron la vida.
En el caso de López, se trata del artífice intelectual de las guarimbas del año 2014, que produjeron la muerte de 43 personas, entre las que se encontraban militantes de las filas del chavismo, al igual que protestantes opositores, así como miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Específicamente, a López se le encontró culpable de los delitos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. En aquel momento, el dirigente de Voluntad Popular aseguraba que las acciones violentas no cesarían hasta la salida del Gobierno nacional.
Ledezma, por su parte, fue acusado por conspiración y asociación para delinquir, delitos previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en el año 2015.
Pero su prontuario es de larga data, y se remonta a los años 90. Entre las acciones por las que no fue condenado en su momento, se encuentran casos tan sonados como la muerte de la periodista María Tessari, a causa de acciones represivas por parte de la Policía Metropolitana en marzo de 1992.
Esto fue durante la gestión de Ledezma en la entonces Gobernación del Distrito Federal, a la que estaba adscrita el hoy extinto cuerpo policial. Tessari sufrió una conmoción cerebral, y tras meses de sufrimiento, falleció en enero del año siguiente. Nadie fue imputado por el crimen, ni siquiera funcionarios de la PM.
A este caso se suma la Masacre del Retén de Catia, el 27 de noviembre de 1992: en medio de la confusión por la insurrección militar de aquel día, el director de la cárcel, Eloy Mora, ordenó que dejaran salir a los presos, para finalmente ajusticiar al menos a 200 reclusos. Ledezma justificó el hecho afirmando que se trataba de un escape producto de la propia insurrección.
Además, en 2014 se había plegado al mismo López y María Corina Machado, que promovían las acciones del ala radical de la oposición venezolana, y que desencadenaron los citados hechos de ese año.
Madre de Bassil da Costa, una de las 43 víctimas, satisfecha por la acción judicial
Bassil Da Costa fue la primera víctima mortal de aquel 12 de febrero que inició las guarimbas. Su caso abrió las puertas a una campaña brutal contra los órganos de seguridad del Estado, y justificó futuras acciones de protesta contra el presidente Nicolás Maduro.
Casi tres años después, la justicia ha cerrado el caso: José Perdomo Camacho, excomisario del Sebin (Servicio de Bolivariano de Inteligencia Nacional), recibió una sentencia de 29 años y 6 meses de prisión por el delito, mientras que Andry Jaspe López, ex miembro de la Policía Nacional Bolivariana fue condenado a 6 años.
Jeneth Frías, madre de la víctima, aseguró sentirse “satisfecha por el veredicto”, leído por la jueza Isoris Marquina. Esta última, le dijo a la madre de Da Costa: “Yo sé que usted no lo va a abrazar más, pero al menos el Estado hizo su trabajo, usted alcanzó la justicia”. A diferencia de 1992, en esta ocasión funcionarios del Estado pagan por sus delitos.
Ataque al diálogo
Entre las exigencias de Tintori y compañeras, destaca especialmente la salida del Vaticano de la mesa de diálogo entre oposición y gobierno venezolano, “si no se producen resultados”.
Y con resultados se refiere a la liberación de López y Ledezma, entre otros políticos que se encuentran recluidos por la comisión de delitos en el país. No mencionó mejorías en la situación económica, por ejemplo.
JI