El 24 de agosto de 2016 Colombia suscribía un Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una «paz estable y duradera», que luego fue consultada al pueblo mediante plebiscito el 2 de octubre, resultando ganador el NO sobre el SI, sin que esto detuviera la firma de un acuerdo final en noviembre del mismo año, entre el Gobierno colombiano y el exgrupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Se trata de un esfuerzo por dejar atrás casi 60 años de un conflicto armado sin precedentes, con un saldo total de víctimas de 7.902.000 de las cuales 6.7 millones fueron desplazadas de sus territorios, 220.000 asesinadas, al menos 74 mil víctimas de ataques a poblaciones, 45.000 desapariciones forzadas y 13.000 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, según informes oficiales publicados por el alto comisionado para la paz.
A dos años de estos históricos hechos necesario es revisar el estatus y cumplimiento de los puntos, labor que entre instituciones y sociedad civil se elabora para garantizar y constatar su concresión en la práctica. Seis ejes temáticos se incluyeron en los acuerdos que se reconocieron como neurálgicos y marcaron la hoja de ruta para construir la paz.
Fin del conflicto
La dejación de las armas para dar fin a las confrontaciones con las FARC fue el primer punto. Mediante cese al fuego se pretendía así dejar atrás la hostilidad bilateral, por lo que se puso en marcha un cronograma preciso para dejar la totalidad de las armas en 180 días y posteriormente los integrantes de las FARC pudieran incorporarse a la vida civil y democrática.
Proceso liderado por la Organización de Naciones Unidas, y que culminó el 22 de septiembre de 2017 mediante un acto final de inhabilitación de armas, un total de 7.000 fueron entregadas logrando un hito en la historia, «lo que se prometió en Cuba, se cumplió en Colombia» declaró entonces Jean Arnault, el jefe de la misión de la ONU en ese país para el momento. Las Farc, tan cuestionada por los sectores que votaron el NO, cumple así su compromiso frente al proceso.
Cultivos ílicitos
Encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ílicitas ha sido uno de los acuerdos dificiles de lograr, entre otros que competen al estado colombiano hoy cada vez más cuestionado por su capacidad para cumplirlos. Con la sustitución voluntaria de cultivos de uso ílicito y la transformación de los territorios afectados se pretende lograr este objetivo puesto en marcha bajo el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), un esfuerzo que no ha visto resultados esperados según revelan cifras.
En 2016 el cultivo de coca aumentó considerablemente respecto a 2015, y en 2017 se había constatado el aumento en 11%. Además el intento de erradicarlos mediante glifosato, práctica que data de 1978 en la nación andina, despertó rechazo y es que este químico prohibido en 2015 tiene efectos cancerigenos según investigaciones.
Desarrollo agrario integral
Con este acuerdo se sientan las bases para la transformación del campo colombiano. Marcado por la inequidad, la explotación y la pobreza, se estableció que con una reforma rural en un plazo de 10 años se disminuiría la pobreza en 50%, además de reactivar la agricultura campesina, familiar y comunitario, nada más alejado de la realidad, lo que constata que siguen enraizadas las profundas causas del conflicto.
Faltando 8 años para cumplir este plazo algunos puntos siguen sin cumplirse como la formalización de 7 millones de hectáreas de campesinos colonos que hoy no están tituladas y la reforma a la Ley 2 de zonificación ambiental, estancado en el Congreso. Sin mencionar datos de las Oxfam que revelan que en 2017 el 87% de las riquezas que fueron a parar a Colombia se concentró en 1% de la población. La inequidad sigue siendo el ojo del huracán en la nación andina, ubicándola como el segundo país en la región con desigual distribución de los ingresos, una realidad por la que tiene mucho que cuestionarse si deja de mirar vecinas realidades.
Participación política
Las últimas elecciones celebradas el pasado 27 de mayo en Colombia abrieron apenas una ventana a la participación democrática cuando la expresión de diversas voces se midieron para el escaño presidencial, sin embargo la escalada de asesinatos a lideres sociales empañan uno de los puntos en este acuerdo que se refiere al rompimiento definitivo del vínculo entre política y armas, así como abrir la puerta para la integración de una cultura de reconciliación, convivencia y no estigmatización.
Solo entre enero y julio de este año la Fiscalía colombiana reportó el asesinato de 181 lideres, cifra que mantiene en alerta a la sociedad colombiana, especialmente movimientos sociales. Estos asesinatos han correspondido a lideres sociales en su mayoría, así como a cultivos ilicítos y otros relacionados a disputas por la tierra, según informe realizado conjuntamente por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria.
Dónde están las garantías para las diversas voces que siguen esperando por reivindicaciones históricas es un cuestionamiento al que el estado colombiano parece seguir dándole la espalda.
Víctimas del conflicto
Este acuerdo busca, a través de los cinco mecanismos y medidas que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido y garantizar la seguridad jurídica. Sin embargo las cifras una vez más demuestran lo lento del proceso. Reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), solo en 2017 se contabilizaron 77 mil víctimas por conflicto, cifra que duplica considerablemente los 321 de 2015.
Con la llegada de Iván Duque al poder los acuerdos de paz como se concibieron para la firma definitiva se vieron una vez más amenazados tras anunciar su intención de modificarlos. En este contexto la paz dejará de ser un término efímero, es una pregunta que aún se hacen los colombianos, ps un camino aún largo por recorrer ero la determinación a concebirla sigue anclada en muchos, sobre todo aquellos que los han vivido y heredado.
JKG
Colombia, la historia de una grave crisis humanitaria que no importa