Al hacer un recuento de los asesinatos a figuras vinculadas públicamente con el chavismo, se vienen a la mente algunos de los casos más sonados: Eliécer Otaiza, para entonces presidente del Concejo Municipal de Libertador, en Caracas; el joven diputado Robert Serra, o el de Ricardo Durán, jefe de Prensa del Gobierno de Distrito Capital.
Cada objetivo tiene una finalidad específica en esta antipolítica para derrumbar moralmente al chavismo. En el caso de Serra, por ejemplo, se quiso matar al dirigente quizá con un futuro más prometedor; con Otaiza se pretendía dar un golpe a la memoria. Se trataba de un compañero fiel de Chávez, de vieja data; y con Durán la idea fue la de inspirar el miedo para silenciar las múltiples voces del periodismo comunitario y de calle que han surgido en los últimos años.
Sin embargo, esta tendencia ha venido en aumento y no ha ido en función únicamente de figuras emblemáticas a nivel nacional, como las antes mencionadas, sino que ha apuntado con su mira a personajes más cercanos a la vida cotidiana en diversas parroquias del país. Líderes comunitarios, comuneros, dirigentes regionales o locales: desarticular el entramado popular y de base.
Durante la violencia producida por declaraciones de Henrique Capriles Radonski a raíz de su derrota electoral contra Nicolás Maduro en abril de 2013, disparos provenientes de una caravana de oposición contra un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Barrio Adentro en Baruta, quitaron la vida a José Luis Ponce, quien junto a un grupo de chavistas defendía la instalación. Rosiris Reyes, quien estuvo en estado de gravedad desde aquella noche, moriría dos días después.
Finalmente, cuatro días después, Johnny Pacheco, también defensor del CDI esa noche, fue asesinado de cuatro disparos a bordo de su vehículo, en Gavilán, municipio Baruta. Orlando Pacheco, hermano de la víctima, aseguró en ese entonces que a Johnny lo mataron “por defender una ideología política”.
En declaraciones a la Agencia Venezolana de Noticias, un compañero de Pacheco en la brigada de motorizados que no quiso ser identificado ante posibles represalias, aseguró: “Oso –apodo de Johnny-, Rosiris y Ponce eran gente clave aquí. Eran gente con carisma, con chispa. Aquí no hay equivocaciones”.
Anteriormente, ya se había desatado una serie de asesinatos a voceros de comunas y consejos comunales en distintas zonas de Venezuela. Para octubre del año 2013, unas doce personas habían sido ultimadas en las zonas montañosas del estado Lara, con el común denominador de su participación en la organización comunal y la lucha contra el latifundio.
En muchos casos, no basta el asesinato en sí, sino la forma. En La Milagrosa, estado Mérida, a finales del año pasado, Haniel Antonio Peña Uzcátegui recibió múltiples puñaladas. Se encontraba junto a su novia, Joymar del Valle Morales; y un compañero de nombre José Quintero. Ambos resultaron heridos en el ataque.
Para entonces, en el sector se regaba que las bandas de la zona irían tras otros líderes de la comuna “Viviremos y Venceremos”. Comuneros advertían que esto formaba parte de una estrategia política, que se posicionaba mediáticamente como un producto de la delincuencia común.
Quizá uno de los más crueles, además de los casos de Serra y Otaiza (con torturas confirmadas), sea el de Elizabeth Aguilera, líder de una Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) de la parroquia La Vega, en Caracas.
A Aguilera no simplemente la mataron. Sujetos armados irrumpieron en la casa, la hicieron salir y, tras torturarla y propinarle varios impactos de bala, quemaron su cuerpo. El mismo fue abandonado en la vía pública a bordo de su vehículo. Sus familiares fueron obligados a abandonar el sector.
Willmer Poleo, periodista de sucesos y coordinador de la fuente en Últimas Noticias, denunciaba que también el esposo de la víctima era perseguido por miembros de la banda de alias “El Coqui” y “El Gordo”.
Aguilera, de 43 años, era reconocida en su comunidad por su actividad política. Además, venía denunciando actividades de bandas criminales en la Cota 905 de la citada parroquia. En ese entonces, la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) se venía ejecutando con rigurosidad en la zona.
Entre las víctimas del sicariato político también se pueden contar los siguientes casos:
Fritz Saint Louis, haitiano radicado en Venezuela desde los años 80, perseguido por las dictaduras de los Duvallier en su país de origen. Sujetos encapuchados le dispararon en varias ocasiones, sin mediar palabra, cuando se encontraba junto a familiares en su casa.
A César Vera se le cercaron dos sujetos en moto el 24 de marzo de 2016. Sin ninguna mediación, uno de ellos le quitó la vida al accionar un arma de fuego. Así lo relataron testigos que se encontraban en el sitio, un local comercial en el Barrio San Isidro, en el municipio Ureña de la entidad fronteriza con Colombia.
En Trujillo, el alcalde del municipio La Ceiba, Marcos Tulio Carrillo, fue acribillado en la puerta de su residencia. Ocho disparos en total quitaron la vida del dirigente electo por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
JI