Desde el surgimiento de la televisión, siempre ha existido una pugna entre lo público y lo privado en cuanto a quién se lleva la mejor tajada de las concesiones, las audiencias y por ende, de los ingresos económicos. La televisión pública desde sus inicios se ha considerado como “una herramienta social y política, accesible a todo el mundo y que contribuye a la generación de pluralismo, diversidad y expresión democrática”, señala Petros Iosifidis, profesor de la City University de Londres en su publicación “Servicio público de televisión en Europa”.
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A diferencia de Europa, donde las emisoras públicas mantuvieron un férreo monopolio, en Latinoamérica, siguiendo el ejemplo de EEUU, se hizo mucho más fuerte el sector privado, y en algunos países, la televisión pública surgió muchos años después de que entrara en función la privada. Es el caso de México, por citar un ejemplo, cuya primera televisora fue privada (1950) y ochos años después surgió la pública. Muchos casos similares se dieron en la región; Honduras con tres años de diferencia (1959-1962); Uruguay con siete años (1956-1963); Venezuela con 12 años (1952-1964); Brasil con 14 años (1950-1964); Costa Rica con 17 años (1960-1977); Guatemala con 20 años (1959-1979); Nicaragua con 23 años (1956-1979); Panamá con 30 años (1960-1990); Paraguay con 46 años (1965-2011) y Ecuador con 49 años de diferencia (1959-2008). Solo en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y El Salvador se dio la fundación de una televisora pública antes de una privada.
Estas diferencias demuestran el poco interés que han tenido la mayoría de los Estados latinoamericanos en incentivar una herramienta de construcción ciudadana y promoción de los valores culturales y democráticos como la televisión pública. En algunos casos se debe a los intereses del capital privado en abarcar todos los espacios posibles de teledifusión; una evidencia de ello es que en la mayoría de los países latinoamericanos las empresas privadas han sido las protagonistas del desarrollo económico y tecnológico del medio y han dominado las industrias culturales impulsando su expansión como parte de sus intereses particulares.
“Los medios públicos han tenido que sobrevivir en un entorno fuertemente permeado por los valores del mercado y de gran concentración y competencia mediática, tanto nacional como internacional. La globalización de las economías, la mundialización del mercado audiovisual y el acelerado desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información han puesto en riesgo la existencia de los modelos públicos de radiodifusión”, explica Patricia Ortega, profesora e investigadora de la UNAM, en su publicación “Los valores del mercado y las políticas del Estado”.
Ante el crecimiento de las televisoras privadas, no es de extrañar entonces la dificultad que han tenido varios gobiernos de la región en aplicar leyes que equilibren la balanza entre los medios públicos y privados, desafiando los intereses de los monopolios mediáticos privados como en el caso de Venezuela, Argentina y Ecuador. En muchos casos, la relación de los medios tenía un trato directo y preferencial con los gobiernos de turno y representan aún hoy en día, poderes detrás del gobierno visible como bien se ha podido observar en Chile y Brasil.
Es importante señalar además, que muchas televisoras nacieron en medio de dictaduras y regímenes poco democráticos que usaron el medio para alcanzar ciertos objetivos propagandísticos. A diferencia del modelo europeo, muchos de los contenidos han distado del signo social, plural y constructivo para las sociedades y han estado a merced de los designios del poder gubernamental, siendo poca o nula su autonomía para tomar decisiones que favorezcan a sus audiencias. Hoy en día, las televisoras públicas aún sufren los vaivenes de la política y los cambios de gobiernos, como en el caso de la TV Pública Argentina, que sufrió diversos cambios en su programación y administración luego de que Mauricio Macri llegara a la presidencia de ese país.
Los retos de la tv pública ante el internet
La televisión pública siempre será una poderosa herramienta para construir una mejor sociedad, siempre cuando esté dedicada a tal fin, por eso no se puede visualizar un futuro próximo sin ésta. Para lograr ese objetivo, lo más importante es tener la autonomía necesaria que la separe de los intereses de quien controle la administración pública, es decir, un modelo similar al europeo. Con la brecha tecnológica/digital existente en Latinoamérica, más que nunca se hace necesaria una televisión pública que llegue a todos los sectores de un país.
Para Iosifidis, los “principios que definan las funciones de los canales de televisión pública, reorganización interna, así como el establecimiento de marco regulatorio efectivo y eficiente garantizarían la independencia y la rendición de cuentas de los canales públicos”. El primer paso será definir si la televisión será pública o estatal y a quién responderán sus intereses. Segundo, definir la estrategia para enfrentar los cambios que ha generado la llegada del internet para incorporar los beneficios que el entorno digital dispone.
Igualmente importante es el tema de la financiación; para obtener una televisión atractiva necesariamente se debe invertir en buenas producciones, de alta calidad estética y narrativa, cuyos contenidos tengan significado social y arraigo en las sociedades. Esto cobra mayor relevancia cuando se vive en el mundo el auge de la televisión digital, que ha golpeado los cimientos de la televisión comercial tradicional, llevando a reorganizar esta industria bajo nuevos esquemas. Por citar un ejemplo, Netflix, la empresa distribuidora de audiovisuales en streaming, invertirá este año 8 mil millones de dólares en nuevas producciones para atraer más suscriptores. Tal cifra probablemente sea impensable para la mayoría de las emisoras públicas pero es un indicador de cuán lucrativa y cuánto se pone en juego en la televisión de hoy en día.
JA
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