Desde finales de 2017 se retoma la discusión sobre el Plan 50 en Venezuela, cuando el presidente Nicolás Maduro puso de nuevo en la mesa de negociaciones la fijación de precios de 50 rubros de la canasta básica, medida que busca hacer frente al aumento desmedido de los alimentos en el país.
Este proceso comenzó con la aprobación de la Ley de Precios Justos que tenía como objetivo regular la fijación de precios de acuerdo al análisis de las estructuras de costos por rubro, asignando un margen de ganancia lineal del 30% sin especificaciones, lo que origino que todos los eslabones de la cadena; productores primarios, industriales, distribuidores y comerciantes ganaban 30%, induciendo una reducción de la capacidad de compra del consumidor.
Hoy día este proceso avanza bajo la nueva normativa de Ley de Precios Acordados y está liderado por Tareck El Aissami, tras su nombramiento como vicepresidente de Economía y ministro de Industria y Producción Nacional.
En el proceso, desde el 20 de junio se ha realizado la intervención estatal de mercados municipales y desde el 27 de junio se desarrolla la discusión en torno a los «precios acordados» dentro del Plan 50, que busca hacer frente a la crisis alimentaria derivada de la espiral inflacionaria que sufre Venezuela.
Pero aún no se conocen los referidos precios, pues en dos ocasiones se ha anunciado su pronta divulgación y en ambas ha sido pospuesta.
Mientras, en la calle es notable la incertidumbre durante la espera. Mucha inquietud generó el que en la presente semana la harina de maíz precocida pasó de costar Bs. 54 mil a Bs. 741 mil.
Postura del Sector Campesino
El sector campesino, pese a su condición de productor de alimentos, no participa en la discusión de los precios con la parte gubernamental.
Gerardo Rivas, constituyente por este sector, cuestiona que el Estado no haya establecido hasta ahora un diálogo con los pequeños productores del campo en torno a un tema tan sensible como el precio de los alimentos.
El legislador constituyente y también productor de hortalizas en el estado Mérida plantea que «la toma de los mercados debe ir acompañada de una consulta a los pequeños productores que abastecen a los intermediarios que distribuyen los alimentos».
«la toma de los mercados debe ir acompañada de una consulta a los pequeños productores que abastecen a los intermediarios que distribuyen los alimentos».
«Es un grave error de parte del Gobierno no sentarse en la mesa con los pequeños productores campesinos«, insiste Rivas al tiempo que enfatiza la importancia de la participación del campesinado en la toma de decisiones sobre el establecimiento de precios de distintos rubros.
En ese sentido, plantea que una eventual regulación de precios no tendrá éxito, ya que el sector campesino defenderá siempre el costo de su actividad productiva, mientras advierte que el mismo es cada vez más complejo mantener estable, pues sobre él inciden directamente la inflación, la escasez de divisas preferenciales en el sector oficial y el aumento sistemático del precio del dólar en el llamado mercado negro.
«En esta guerra económica no tenemos una estructura de costo estable, siempre está cambiando. Mientras no se estabilice la economía de Venezuela, que depende del dólar, nosotros estaremos afectados porque en nuestra actividad necesitamos insumos que son importados», Gerardo Rivas
MFD