Tras pasar –por ahora- su última noche en libertad en el sindicato metalúrgico de San Pablo, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tomó la decisión de permanecer allí y no entregarse en Curitiba como dispuso el juez Sergio Moro.
Rui Falcão, ex presidente del Partido de los Trabajadores (PT), confirmó que el ex mandatario se quedará en el sindicato metalúrgico y no irá a Curitiba voluntariamente. Allí, arropado por sus seguidores y amigos, prepara un discurso de despedida y aguarda el resultado del pedido de habeas corpus que su defensa hizo al Superior Tribunal de Justicia (STJ), máxima instancia penal de Brasil.
A pesar de que el expresidente está obligado a cumplir la orden, aún dispone de incontables herramientas para, cuando menos, expresar su airado desacuerdo y mostrar que se siente víctima de una condena desproporcional por el delito –no comprobado- de haber aceptado un soborno de una constructora.
Nuevamente cientos de militantes vuelven a concentrarse en las afueras de la sede gremial, mientras hay protestas y cortes de ruta en distintos puntos de Brasil. El Movimiento Sin Tierra y militantes del PT lideran las manifestaciones en las principales ciudades brasileñas.
Será la primera vez que un expresidente brasileño entra en prisión. Y quien lo hace es, además, el político más popular de su democracia.
Si a Lula le inhabilitan pasaría a liderar las encuestas el militar ultraderechista Jair Bolsonaro quien se perfila como el candidato más fuerte para las elecciones presidenciales en Brasil. Los comicios tienen dos vueltas: La primera el 7 de octubre y la segunda el 28 del mismo mes.
Pese a que el PT afirma que continuará con la candidatura de Lula hasta las últimas consecuencias, la realidad es que la utilización de su figura parece ser usada como un mecanismo de presión para desnudar por completo el esquema de gobierno de Brasil. En la práctica, el liderazgo del ex presidente depende del vaivén de una comunidad de intereses que parece administrar su futuro según sus requerimientos. Ante esa realidad, la prisión a Lula tiene todas las características de ser una provocación para medir los alcances de la reacción social en el país.
Y en el contexto regional el ejemplo de Lula demuestra que no alcanza sólo con ser el político más valorado si detrás no hay un esquema de poder que lo soporte y lo blinde de la acción arbitraria de la comunidad de intereses que hoy gobierna su país. La realidad es demoledora en tanto y en cuanto pudo más la presión de los militares, los jueces, los medios y el capital privado que la voluntad de la mayoría de los brasileños.
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