El Tribunal Supremo de España inició la investigación contra el rey emérito de ese país, Juan Carlos de Borbón, para establecer su presunta vinculación con el cobro de 80 millones de euros como comisión por la adjudicación de la ejecución de la línea de ferrocarril de alta velocidad, conocida como «AVE del desierto» a empresas de la nación ibérica.
La fiscalía del Tribunal Supremo es la instancia encargada de dirigir las pesquisas contra la corrupción y la criminalidad organizada por el cobro de las comisiones irregulares en la fase II de la construcción de la línea de ferrocarril entes referida.
Las pesquisas pretenden delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce para el Jefe del Estado.
Según las investigaciones preliminares, una de las personas involucradas es Juan Carlos de Borbón, quien, se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo español.
La intermediación de Juan Carlos I en el proyecto, que une las ciudades de Medina y La Meca en Arabia Saudita, se justificaba en el interés de un grupo empresarial español en un proyecto de más de 60.000 millones de euros y la gran proximidad del monarca español con la familia real saudí.
En un comunicado, la Fiscalía adelantó que Juan Ignacio Campos es el fiscal designado, por su «conocimiento exhaustivo de lo que se denomina derecho penal económico» y su «dilatada experiencia como fiscal jefe de una de las secciones penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo», indica el documento citado por Telesur.
El pasado 15 de marzo, Felipe VI y la Casa Real española mediante un comunicado dejaron entrever la idea de que renunciaba a la herencia de su padre.
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