El presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) prevaleció con la determinación de la jueza de Estados Unidos (EE. UU), Laura Taylor Swain, en la que desestiman los principales argumentos del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, en su demanda contra el organismo federal, incluyendo la usurpación de poderes que alegaba el mandatario.
De inmediato, el gobernador y los líderes legislativos afirmaron que analizarán con sus abogados la posibilidad de apelar la decisión de la jueza Swain en el Primer Circuito Apelativo de Boston.
El nuevo escenario implica que la administración boricua tendría que adoptar un presupuesto que no cuenta con fondos asignados para el bono de Navidad de los empleados públicos puesto que no hay una partida específica para cubrir ese desembolso en el presupuesto certificado por la Junta.
Por ejemplo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tendrá solo 618 mil dólares para sus gastos de funcionamiento, la inversión en los sistemas de contabilidad del gobierno se reduce a la mitad ($25.5 millones) en comparación con lo que recomendó el mandatario y la Policía tendrá $25 millones para atender sus gastos (situación que podría dejar las patrullas sin combustible, según ha advertido el secretario del Departamento de Seguridad Pública , Héctor Pesquera).
“Analizaremos con nuestros asesores la posibilidad de apelar esta determinación y seguiremos buscando alternativas para evitar los males que alertamos y advertimos”, sostuvo Rosselló Nevares.
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