La Legislatura de Puerto Rico demandó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por Estados Unidos (EEUU), una acción que se suma a otra iniciada por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, por el presupuesto del año fiscal 2018-2019.
La demanda fue realizada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, ante la determinación de la JSF de anular el plan fiscal aprobado por ambos cuerpos legislativos.
Cabe destacar, que la JSF certificó un presupuesto que aprobó como reacción a la negativa del Senado de Puerto Rico de derogar la Ley 80 de despido injustificado en el sector privado, a su vez la Asamblea Legislativa sancionó el suyo, como marca la constitución del ELA, sistema político creado por Washington en 1952.
Se argumentó que la JSF no puede rebasar los límites de su autoridad impuesta por el Congreso con tácticas de mano dura contra la Asamblea Legislativa puertorriqueña.
En el presupuesto de 8 mil 709 millones de dólares que aprobó la JSF recortó 345 millones como aparente represalia por no haber derogado la Ley 80. Con dicha acción, se elimina el bono de navidad, además de asignaciones para la estatal Universidad de Puerto Rico (UPR) y para los municipios del país, que están inestables.
Hace unos días, el gobierno de Rosselló Nevares también demandó la JSF en el tribunal federal para que se estableciera la validez del presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa y no el aprobado por el ente fiscal impuesto por Washington.
Nevares asegura que los miembros de la JSF intentan usurpar los poderes políticos y gubernamentales y el derecho a la autonomía de la isla del Caribe sumida en la bancarrota debido a una deuda impagable de 73 mil millones de dólares.
MT
