Ante una oleada de críticas de parte de magistrados y representantes de partidos políticos de oposición, el Gobierno español encabezado por Pedro Sánchez ha reculado sobre el caso Llarena, al anunciar este lunes la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que el ejecutivo defenderá al juez que enfrenta una demanda en Bélgica.
De acuerdo con Delgado, en declaraciones a una radio local:
“el Gobierno defenderá en Bélgica hasta las últimas consecuencias la integridad jurisdiccional y los intereses de España, que pasa también por defender la actuación jurisdiccional del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena”.
Se trata de una nueva postura, contraria a lo expresado por el ministerio de Justicia el pasado jueves 23 de agosto, cuando en un texto oficial se indicó que España no pagaría, en ningún caso, “la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica por los actos privados que le atribuye la demanda”.
El pasado 5 de junio los abogados del expresidente de la Generalitat, Carles Puidgemont, presentaron una demanda civil en Bélgica contra Llarena, en la que se le acusa de vulnerar los derecho del exjefe del Gobierno catalán a un juicio justo.
«Se ha demostrado que el juez Llarena actúa sin imparcialidad y movido por motivaciones políticas. Por tanto, no estamos siendo perseguidos por la justicia sino por la ideología del juez«, aseguró Puigdemont ante los medios luego de presentar la demanda en Bruselas.
El juez de Bélgica que lleva la causa fijó para este 4 de septiembre la revisión del caso, fecha para la cual citó a Llarena a comparecer.
La demanda fue fundamentada por los abogados de Puidgemont en unas declaraciones que hizo Llarena a la prensa en Oviedo el pasado 22 de febrero, en las que afirmó que los exfuncionarios catalanes en prisión para el momento por militar en la causa independentista «no son presos políticos».
«Emitió una opinión antes del juicio y fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó”, señala la defensa de Puidgemont, contra quien Llarena giró una “euroorden” de captura por liderar el proceso de consulta popular sobre la Independencia de Cataluña en octubre de 2017.
En estricto sentido político, la demanda de Puidgemont contra Llarena critica al poder central de España, por “estar entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales».
MFD
Lea más: