El Gobierno de Estados Unidos colocó precio a la cabeza de dos exlíderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez y Jesús Santrich, a quienes acusa de tráfico de drogas, y entorpeciendo una vez más cualquier intento de lograr la paz en la nación suramericana.
El Departamento de Estado “anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares por cada información que lleve al arresto y/o encarcelamiento de Seuxis Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich, y Luciano Marín Arango, también conocido como Iván Márquez», reza un comunicado.
Al respecto, el secretario de Estado, Mike Pompeo, alega que “ambos son antiguos líderes de las FARC que abandonaron el proceso de paz y tienen una larga historia de participación en actividades de tráfico de drogas, lo que llevó a sus acusaciones penales”.
Today, the U.S. is taking action to bring to justice former FARC members involved in international narcotics trafficking. The Colombian people deserve an enduring peace accord with former FARC members who respect the rule of law and commit to peaceful reintegration into society.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 18, 2020
Sin embargo, Pompeo no refiere los motivos que llevaron a Santrich y a Márquez a retomar las armas el año pasado, tras la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, en 2016, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.
El 9 de abril de 2018, Santrich fue detenido en Bogotá por agentes de la Fiscalía, en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, recuerda Sputnik.
A pesar de que estaba protegido por el sistema de justicia transicional nacido del Acuerdo de Paz, Washington lo acusaba –sin pruebas- de un “supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína” entre junio de 2017 y abril de 2018. Una vez liberado por una decisión judicial, decidió volver a las armas junto a Iván Márquez, denunciando que el presidente Iván Duque incumplió y traicionó en reiteradas oportunidades el pacto firmado.
«Fuimos obligados a retomar las armas», exclamó Márquez, denunciando que desde la firma del Acuerdo y su «desarme ingenuo» no ha cambiado nada en Colombia, ya que los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros siguen incrementándose. Sin embargo, aseguró que solo responderán a la ofensiva del Gobierno.
En el año 2019, al menos 77 excombatientes fueron asesinados, cifra 18,5 % más alta que la registrada en 2018, según datos del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame. Se trató del año más violento para los exguerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz, reseñó la agencia AFP.
Manuel Rodríguez / VTActual.com
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