#VTanálisis Crisis electoral en Bolivia: ¿Medidas sanitarias o temor de la derecha?

Bolivia vuelve a enfrentarse a una nueva crisis política. Tras el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019, los destinos de ese país los gobierna la exsenadora de derecha, Jeanine Áñez.

Las protestas populares exigiendo el regreso de Morales, quien renunció presionado por la Fuerza Armada boliviana y que ahora se encuentra asilado en Argentina, fueron rápidamente acalladas por Áñez, quien prometió elecciones para este 2020.

Inicialmente pautadas para el 3 de mayo, luego  que se anularan las elecciones en las que había sido proclamado ganador Morales, acusado por la oposición de supuesto fraude. La pandemia del Coronavirus impidió su realización, pero allí es cuando entra el Movimiento al Socialismo (MAS) de nuevo en la jugada política.

Ante el silencio del gobierno de facto, el MAS promulgó, gracias a su mayoría en el Senado, una ley que ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizar elecciones en un plazo máximo de 90 días.

La norma, fue inmediatamente rechazada por Áñez, quien la vetó y devolvió al Senado y aseguró que los comicios para elegir un gobierno democrático se harán «cuando no sean un riesgo para la salud«.

Recursos de amparo para demorar elecciones

Y para blindarse aún más, Jeanine Áñez, quien por cierto es candidata a la presidencia por la alianza Juntos, se apoyó en un grupo de parlamentarios para introducir, ante el Tribunal Constitucional (TC) dos recursos: uno de inconstitucionalidad y otro de nulidad, para que sea la justicia boliviana la que dilate aún más las elecciones.

Para el senador del partido Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz «acortar los plazos para las elecciones en un momento de emergencia sanitaria y cuarentena constituye una amenaza para la salud y la vida de la población», y es en esos argumentos en los que se basa el recurso de inconstitucionalidad.

Derecha boliviana dividida y con ansias de poder

Pero el tiro pareciera haberle salido por la culata a Jeanine Áñez, porque hasta Carlos Mesa, el candidato que perdió ante Evo Morales en 2019 y denunció el «fraude» que desencadenó la crisis política, ahora se pone del lado del MAS y pide que se realicen las votaciones para que se elija un gobierno «surgido de la voluntad popular», con lo que valida las denuncias no sólo del MAS, sino de países y líderes políticos extranjeros que han denunciado al gobierno de Áñez como una dictadura.

«Es imperativo definir una ruta clara para tener, en el plazo que la pandemia lo permita y precautelando la salud y la vida de la ciudadanía, un gobierno surgido de la voluntad popular expresada en las urnas«, escribió Mesa a la presidente interina Jeanine Áñez, en una carta pública.

Según Mesa, quien fue presidente de Bolivia de octubre de 2003 a junio de 2005, tras la huida a EE.UU. de Gonzalo Sánchez de Lozada por la masacre de indígenas en la llamada «Guerra del Gas», su país atraviesa por una grave «crisis política», como resultado de la anulación de las elecciones de octubre pasado, que él mismo promovió.

Para el político, Bolivia sufre «las consecuencias de una severa crisis política e institucional, resultado de la anulación de las elecciones de octubre pasado».

La rabieta del ministro de Gobierno

Y para completar el show político, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, aseguró que el interés del MAS es adelantar las elecciones para «seguir robando», echando por tierra todos los argumentos de su presidenta y los parlamentarios que la respaldan.

Y no sólo eso, sino que, en sus declaraciones, admitió entre líneas que el MAS será el partido ganador en unas eventuales elecciones y por ello quiere volver cuanto antes al poder para seguir protegiendo sus supuestas redes de narcotráfico.

«Al MAS le interesa volver para seguir robando, pero básicamente su mayor interés es seguir protegiendo el narcotráfico», ha dicho Murillo.

Por ahora, la anulación de la ley de convocatoria a elecciones está en manos del TC, que deberá decidir si viola o no la Carta Magna boliviana.  Entre tanto, el país andino seguirá siendo gobernado por Jeanine Áñez, electa como senadora, y presidenta por un tecnicismo del sistema.

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