El 8 de mayo de 1986, durante la presidencia de Jaime Lusinchi, nueve lideres sociales fueron asesinados por la antigua Dirección General de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), siendo el argumento, un enfrentamiento con grupos guerrilleros en el estado Yaracuy. La realidad sería otra, pues la acción policial, formó parte de una serie de masacres políticas y sociales que tuvieron lugar en los tiempos del puntofijismo.
La Masacre de Yumare, como es conocida en la historia venezolana, se suma a los hechos característicos de la violencia política que imperó en los gobiernos de la llamada democracia representativa. Tortura, represión y asesinatos serían parte de los rasgos políticos de aquellos tiempos donde el consenso de la élite partidista regía los destinos de la nación.
Los años 80: Momento de crisis y violencia política
La década de los ochenta estuvo signada por la aceleración de la crisis del modelo puntofijista. Lejos de llenar las grandes expectativas que el pueblo venezolano se había trazado por la supuesta “prosperidad” de los años que precedieron, la realidad nacional se caracterizó por un profundo deterioro en la economía nacional.
En este contexto, los cuerpos policiales, tomando mayor preeminencia y control en las acciones de seguridad, inician un cambio en su metodología de acción. El uso de la infiltración y la delación dentro de los grupos de izquierda, se convirtió en el mecanismo de inteligencia más efectivo para desmantelar, perseguir y acabar con los grupos de oposición al gobierno nacional.
En esta dinámica, en la que el uso de la fuerza excesiva es una constante, tuvo lugar el asesinato de los ciudadanos: Dilia Rojas, Nelson Castellanos, Ronald Morao, José Silva, Simón Romero, Luis Guzmán Green, Pedro Pablo Jiménez, Alfredo Caicedo y Rafael Quevedo, integrantes del movimiento denominado la Corriente Histórico-Social.
El movimiento Corriente Histórico-Social
Más que un movimiento, la Corriente Histórico-Social, fue un proyecto político. Una propuesta que sustentó sus planteamientos ideológicos en una clara reflexión sobre la importancia del devenir histórico venezolano y la comprensión critica de la realidad nacional. Sus integrantes eran luchadores sociales y estudiantiles, algunos con trayectoria en el trabajo militante que, con su labor social, ayudaban a la formación de conciencia y a la mejor convivencia dentro de las comunidades.
Es así como en uno de sus papeles de discusión de aquellos años, en los que hablan de los lineamientos de La Corriente, señalan que debían: “Avanzar en la coherencia política y teórica de los sectores más consecuentes en la lucha por la reivindicación de los sectores populares en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural…”
Su aspiración era consolidar un fuerte movimiento. Por ello, durante este tiempo desarrollaron diferentes encuentros y reuniones para discutir y reflexionar sobre su ideales y el camino a tomar dentro de la lucha contra el sistema político imperante. De allí, que los organismo del Estado, infiltraron a un grupo de agentes para informar, delatar y posteriormente planificar la operación que se efectuaría aquella madrugada de mayo de 1986.
Crónica de la Masacre: Una operación planificada
La operación llevada a cabo por la Disip, bajo las ordenes del comisario Henry Rafael López Sisco, Director de Operaciones y Jefe del grupo Comando de Acciones Especiales, fue realizada bajo parámetros similares a los usados en la Masacre de Cantaura en octubre de 1982.
Desde 1984, agentes encubiertos se infiltraron en las filas en las cuales militaban los líderes del movimiento de izquierda. Los sobrevivientes y las investigaciones realizadas posteriormente, señalan que los mismos habían sido ex militantes del partido Bandera Roja.
Durante este tiempo, los agentes, ganando la confianza del grupo, lograron obtener tareas de logísticas y planificación. Esto permitió que la operación se llevara a cabo con la mayor precisión posible. Es así como se decide organizar bajo la idea de un supuesto encuentro de cuadros, una reunión para el 8 de mayo en el caserío la Vaca, sector de Yumare, en el estado Yaracuy, muy cerca del Teatro de Operaciones N° 5 del Ejército en Yumare.
El 7 de mayo, en horas de la noche, los delatores logran encaminar al grupo al sector señalado para el “encuentro”. Mientras se iban acercando al lejano lugar, dos de ellos deciden separar al grupo. Uno se mantiene con una parte para ir a la carretera. El segundo mantuvo la marcha al lugar señalado para establecer un campamento. Ya en la madrugada del día ocho, en lugar inhóspito y alejado, se prepararía el escenario esperado.
Al amanecer del 8 de mayo, los integrantes son sorprendidos por un comando especial de la Disip, que, sin mediar palabras, disparó a mansalva al grupo. Uno de los sobrevivientes relataría que “…Fue como a las seis que estando sentados sentimos que comienza una balacera. Disparos hacia donde estábamos nosotros y hacia donde estaba el campamento…”
El resultado fue la muerte atroz de los nueve dirigentes, incluyendo la única mujer que había sido detenida y torturada días atrás. La prensa nacional y la mediática oficial, justificaba la acción como un enfrentamiento contra grupos guerrilleros. Incluso se presentaban a las víctimas con uniformes militares y armas, que luego se demostró nunca tuvieron. Las víctimas fueron criminalizadas y acusados como “grupos que nos se acogieron a la pacificación”.
La Revolución Bolivariana y la dignificación de las víctimas
A pesar que desde el mismo año 1986 el caso quedó cerrado, los familiares y dirigentes de izquierda, siguieron impulsando todas las acciones para conseguir justicia. Sería con la llegada del presidente Hugo Chávez, cuando se ordena una reapertura de la investigación y se logra dar importantes paso para esclarecer los acontecimiento y hacer justicia a las víctimas.
Simón Sánchez /VTactual.com
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