Tras una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existen bases razonables para creer que en Venezuela se han cometido delitos de competencia de la Corte al menos desde abril de 2017

Así de contundente fue el anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) en su informe presentado este lunes sobre la situación venezolana. El examen preliminar del organismo comenzó el 8 de febrero de 2018. Con la resolución, se evidenció que Nicolás Maduro y el régimen venezolano están, como nunca antes, en la mira de la justicia internacional por las innumerables denuncias de crímenes contra la humanidad

«La Fiscalía ha llegado a la conclusión de que la información disponible en esta etapa proporciona una base razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, las autoridades civiles, los miembros de las Fuerzas Armadas y las personas favorables al Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”.

“Todo esto, de conformidad con el apartado e) del párrafo 1 del artículo 7; tortura, de conformidad con el apartado f) del párrafo 1 del artículo 7; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, de conformidad con el apartado g) del párrafo 1 del artículo 7; y persecución de un grupo o comunidad con identidad propia basada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma» reflejó el informe.

Ahora bien, el documento está siendo analizado por la Fiscalía de La Haya, ya que la CPI es un tribunal de última instancia que sólo interviene cuando los Estados no realizan investigaciones creíbles sobre los crímenes denunciados. La pena máxima de la CPI es de 30 años de prisión -el organismo tiene su propia instalación en La Haya, donde también se encuentra el tribunal-, pero en circunstancias excepcionales puede dictar la pena de cadena perpetua.

Hasta la fecha, un total de 34 personas han sido procesadas por la CPI desde su creación, aunque no todas han pasado tiempo tras las rejas. 12 criminales están en libertad, y 2 de ellos murieron antes de ser capturados. Dictadores como Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Muammar Gaddafi (Libia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil) y Jean Kambanda (Rwanda), entre otros, han sido procesados por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Protestas y más detenciones

Los manifestantes en 2017 encabezaron meses de manifestaciones contra el gobierno por socavar la legislatura dirigida por la oposición, un período marcado por las acusaciones de tortura, detención arbitraria y abuso por parte de las fuerzas de seguridad. Las protestas dejaron 125 personas muertas.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los líderes del Partido Socialista en el poder han dicho en el pasado que esas manifestaciones eran esfuerzos violentos para derrocar a Maduro e insisten en que se persigan todas las violaciones de los derechos humanos.

Aunque los adversarios de Maduro han celebrado la investigación de la CPI sobre Venezuela, pocos creen que el proceso pueda conducir a un cambio a corto plazo en la nación en lucha. Los procedimientos penales de la CPI se extienden durante años, y en el pasado ha luchado por llevar a cabo órdenes de arresto cuando las obtiene.