Periodistas de la ciudad mexicana de Jalisco se manifestaron el domingo para exigir justicia y seguridad en su oficio, tras los asesinatos de Miroslava Breach Valducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua; Ricardo Monlui Cabrera, director de la publicación digital El Político, en Veracruz, y Cecilio Pineda, reportero policiaco de la región de Tierra Caliente, en Guerrero.
Los tres periodistas fueron asesinados en marzo; la cifra llega a 47 si se cuenta desde 2010. Pese a los mecanismos establecidos por el gobierno mexicano, los comunicadores se quejan de las constantes amenazas y agresiones que sufre el gremio por realizar su trabajo, especialmente aquellos que revelan las alianzas perversas entre funcionarios políticos y los criminales organizados.
“El asesinato de Miroslava Breach Valducea es una puñalada estratégica que dieron por el ejemplar periodismo que ejercía, por su perfil, porque reporteaba violaciones a los derechos humanos, porque reveló alianzas maliciosas entre el sistema político corrompido por la delincuencia organizada, porque hacía eco de la voz de los no escuchados”, se leyó durante la manifestación que reunió al menos a 50 reporteros, fotoreporteros y camarógrafos, reseñó el diario La Jornada.
“Extra, extra, están matando periodistas”, gritaban los organizadores de la protesta, quienes no exigen un trato preferencial, sino seguridad para ejercer su oficio.
“Quien nos debe cuentas claras y efectividad en su mandato es la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República. En seis años hay un acumulado de 900 averiguaciones abiertas por delitos contra periodistas y sólo dos han culminado en condenas, el 99.5 de los casos no han recibido justicia. Eso que en este país se ha vuelto una metáfora de vacío”.
Muchos periodistas acuden al Ministerio Público a interponer una denuncia cuando son amenazados, pero se les busca persuadir, o se pierden expedientes, no existe transparencia en las investigaciones y hasta se criminaliza a los denunciantes o víctimas.
También se afirmó que funcionarios de primer, segundo y tercer nivel son responsables de procesar inadecuadamente la protección a quienes se acogen al Mecanismo de Protección, instaurado sin mayores resultados por la Secretaría de Gobernación, como última opción de seguridad, que se ponen peros burocráticos cuando la reglamentación de la ley de protección ordena el principio pro persona, es decir, de la protección más amplia y acorde a la realidad de cada persona en riesgo bajo los más estrictos estándares internacionales.
“No hay crímenes contra periodistas que nos duelan más que otros, simplemente entendemos el mensaje, incomodar con lo que publicamos apegados a principios éticos tiene consecuencias mortales, no se salva Javier Corral, no se salva Miguel Ángel Osorio Chong, no se salva Enrique Peña Nieto ni los treinta y tantos funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos que cobran a cuenta del mecanismo, o los tres ministerios públicos federales asignados a los casos de la Feadle. Mucho menos los diputados y senadores, ya no queremos iniciativas, inicien sanciones administrativas y penales contra quienes obstaculizan la debida protección y el acceso a la justicia”, se exigió.
Pese a esta situación de altos índices de violencia que registra México, no existen campañas mundiales en contra de su gobierno. Tampoco existen declaraciones de “preocupación” por parte de la OEA, o de su secretario general Luis Almagro, por la constante violación de Derechos Humanos que vive este país, lo que evidencia el carácter político e hipócrita de esta institución que obsesivamente agrede a Venezuela y solicita su intervención.
Con información de La Jornada.
JA