En Colombia, continúa el debate para nombrar un fiscal ad hoc en el caso Odebrecht, luego de darse a conocer una conversación del actual fiscal Néstor Humberto Martínez, donde muestra su complicidad en las irregularidades cometidas en el país suramericano por la multinacional de origen brasileña.
En este sentido, en Consejo Superior de Política Criminal colombiana se ha manifestado en contra de ésta iniciativa, argumentando varias consecuencias que traería consigo el nombrar a un fiscal ad hoc, principalmente el impacto negativo para la economía del Estado, ya que éste último tendría que asumir los gastos del fiscal, según lo establecido en las leyes colombianas.
Otras de las observaciones que hizo en Consejo fue referente a que las funciones de un conjuez son distintas a la de un fiscal ad hoc, por lo que en el caso de que el fiscal se encontrara imposibilitado de ejercer sus labores se haría difícil la designación de varios fiscales ad hoc.
De igual forma, agregó que de nombrarse un solo fiscal ad hoc, para todos los impedimentos que tiene el fiscal general, generaría un doble lineamiento en las funciones reales de la Fiscalía colombiana. Esto en relación al proyecto de ley impulsado por Martínez, que supone el nombramiento de un fiscal ad hoc, cuando fuese necesario.
“Para el Consejo Superior de Política Criminal, el actual sistema de reemplazos del fiscal general ante las recusaciones e impedimentos, cumple los estándares exigidos por la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos para garantizar la imparcialidad del acusador, en tanto que independientemente del sistema de nombramiento del vicefiscal y su vinculación a las directrices del Fiscal cuando actúa como tal”, señala el proyecto de ley.
YR