Las sanciones de la Contraloria Distrital contra el actual senador colombiano, Gustavo Petro, que habían sido congeladas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca vuelven a la palestra luego de que el Consejo de Estado revocara la medida cautelar.
La revocatoria obligaría al exalcalde de Bogotá a pagar 217 mil millones de pesos por el supuesto daño patrimonial que causó al Estado durante su gestión, por la reducción del costo de los pasajes del TransMilenio durante las horas valle.
La medida podría ocasionar que Petro sea inhabilitado para ejercer cargos de elección popular, lo que le alejaría del senado. Se espera que en las próximas horas el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronuncie sobre el pleito para decidir si mantiene suspendida o no la sanción contra el político.
En su momento, la Procuraduría decidió archivar la investigación contra Petro al considerar que no existe detrimento patrimonial cuando se trata de políticas públicas implementadas por un mandatario local que tomó decisiones con base a estudios técnicos que las soportan.
El conflicto resucita la lucha de Petro para que el Estado colombiano adopte una normativa que se ajuste a los estándares internacionales y establezca que solo las decisiones judiciales pueden sacar de su cargo a funcionarios elegidos popularmente, y no los entes de control mediante decisiones de tipo administrativo.
ARG