La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha decidido insistir en emprender una controversia con el Gobierno y con el máximo tribunal del país. Esta semana visitó de nuevo la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitando copia de la decisión del recurso interpuesto sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el cual fue inadmitido por el TSJ.
Se conoció que la funcionaria consignó un nuevo recurso ante la Sala Constitucional presuntamente contra el acto de la Asamblea Nacional del 23 de diciembre de 2015 (elección de magistrados del TSJ).
Ortega Díaz pidió que los magistrados del TSJ sean desincorporados inmediatamente “en pro de la paz del país”, al mismo tiempo que lamentó que todas las acciones llevadas a cabo por su despacho “hayan sido desechadas, inadmitidas, desconocidas o negadas, sin que se produjera un pronunciamiento de fondo” de parte del máximo órgano judicial.
Pero eso no es todo, entrevistada en una radio privada, la titular del Ministerio Público reveló que, en su momento, supuestamente advirtió que el procedimiento “estaba mal hecho” y que el acta, donde se ratifica la escogencia de estos jueces, no fue firmada por su persona ni por la secretaria del Consejo Moral Republicano”.
Casualmente, la fiscal dijo que, hasta ahora, no había tenido acceso a las pruebas que sustentan su demanda. “No ha sido fácil para mí tener las actas en el seno del CMR”.
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La fiscal general acudió el 6 de junio al TSJ para solicitarle a la Sala Electoral que suspendiera cuatro decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) tomadas el pasado 25 de mayo.
Ortega Díaz pretendía que se eliminara la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; la aceptación de las bases comiciales para la elección de los constituyentes; el inicio de las postulaciones los días miércoles 31 de mayo y jueves 1 de junio de 2017 y el acuerdo de fecha 4 de junio de 2017, a través del cual la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, propuso para el 30 de julio de 2017 las elecciones de la ANC.