En Venezuela: ¿cómo han actuado las autoridades ante un nuevo conflicto por tierras agrícolas?

En Venezuela: ¿cómo han actuado las autoridades ante un nuevo conflicto por tierras agrícolas?

El 10 de marzo en Barinas, estado de la región llanera de Venezuela, fueron desalojados campesinos de varios predios sin previo aviso, sin ningún tipo de mediación, a la fuerza y en plena madrugada. Se trata de El Horticero, Hato Jobito, Las Mercedes, Florentino, La Primavera y El Otoño.

Más de 800 campesinos fueron sacados de las tierras que trabajan esa noche por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, en compañía de la Oficina Regional de Tierras (ORT) perteneciente al Instituto Nacional de Tierras (INTi) de la entidad, y su máxima representante, Ingrid Gil.

El acoso llevó a la destrucción de más de mil hectáreas de tierras con vocación agrícola, y de las casas de los campesinos, además del robo de maquinarias, materiales y hasta ganado, según han denunciado algunos de los afectados.

La respuesta del INTi central ha sido rápida. Esta misma semana, su presidente, José Ávila, viajó a Barinas para intervenir la ORT, que tiene más de 100 procedimientos no resueltos, según señaló la autoridad.

Lo primero que buscó dejar claro Ávila es que acciones como estas “no son producto de las políticas públicas del Gobierno Revolucionario”, razón por la cual se desplegó la intervención de la sede regional, cuyas autoridades actúan al margen de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA), que establece la garantía de la tenencia de la tierra para los que la trabajan.

La intervención, agregó Ávila, “representa el primer paso para normalizar la situación que viene atravesando la referida entidad”, y responde a una instrucción directa del presidente Nicolás Maduro, quien no avala estos atropellos.

La gerente general del INTi, María Mascarell, fue comisionada por Ávila para mantener activo el directorio de calle en la oficina regional, buscando garantizar seguridad y respuesta a los campesinos de la región.

También aclaró que la institución que preside no tiene la potestad para llevar a cabo desalojos como los que se denuncia en este y otros casos, pero que en este momento hay una dura lucha contra mafias y funcionarios corruptos, ante lo que instó a la población a denunciar cualquier regularidad asociada a las ORT del INTi en el país. “Funcionario que aparezca involucrado debe ser denunciado por todas las vas para tomar las acciones disciplinarias y legales”, puntualizó, citado por el portal Alba Ciudad.

Hace poco más de dos meses, como ya reseñamos en VT, hubo una situación similar. En aquella ocasión, la comuna Negro Miguel, ubicada entre los estados Lara y Yaracuy, recuperó unas tierras que se encontraban improductivas, con animales en estado de abandono.

Aunque su intención era la de recuperar los espacios para la producción de alimentos, fueron atacados por militares y la ORT del estado Yaracuy. La Negro Miguel logró resistir y a día de hoy han recuperado parte de los terrenos.

Recordemos que uno de los detonantes del golpe de Estado de abril en 2002 fue la promulgación de un compendio de leyes, entre las cuales se encontraba la LTDA, cuya batalla frontal contra el latifundio no fue bien recibida por los terratenientes y ganaderos, agrupados en la Federación Nacional de Ganaderos.

El tramo recorrido desde entonces, con la recuperación de innumerables terrenos y la activación productiva del sector campesino nacional podría peligrar por la proliferación de las mafias y sus cómplices institucionales.

JI

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