El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió varias demandas en la que exigen a los alcaldes Ramón Muchacho (Chacao), Gerardo Blyde (Baruta), David Smolansky (El Hatillo), Josy Fernández (Los Salias), José Luis Rodríguez (Carrizal), Carlos García (Libertador) y Omar Lares (Campo Elías), evitar que se obstaculicen las vías públicas por grupos violentos y que se efectúen guarimbas (acciones violentas).
Se trata de la admisión de 8 demandas que introdujeron ante el máximo tribunal los ciudadanos de esos sectores, que en los últimos días han sido la sede de grupos extremistas de la derecha.
Jóvenes con capuchas se han dedicado a trancar las vías con escombros y basura, y prohíben el libre tránsito de los habitantes de las referidas zonas. Son vías importantes, ya que las personas deben transitar por esos sectores para dirigirse a Caracas, la capital del país.
El municipio Chacao, por ejemplo, aunque es del estado Miranda, está justo en el centro de la Gran Caracas y por allí se movilizan los venezolanos para ir del este al oeste de la capital, o viceversa. Con las trancas, los ciudadanos se han visto en la imperiosa necesidad de buscar otras alternativas para llegar a sus puestos de trabajo o a sus hogares.
EL TSJ ha tenido que asumir una acción que debió implementar el Ministerio Público, organismo que ha privilegiado la impunidad ante los hechos de violencia dirigidos de forma evidente por la oposición y por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Los guarimberos (jóvenes que trancan las calles y comenten actos terroristas) se han autodenominado como «movimiento de la resistencia»; y amparados en este nombre amenazan a las personas que intentan traspasar esas barricadas. «Si pasan los vamos a quemar, si eres chavista te vamos a incendiar, nadie va a trabajar», contó a VT un vecino de Baruta que no quiso identificarse por seguridad.
GM
