El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a la Fiscal General en funciones, Sally Yates, después de que ella cuestionara la legalidad de la prohibición de inmigración impuesta este fin de semana por la nueva administración.
Trump firmó una orden ejecutiva en la que prohíbe temporalmente la entrada a EE.UU. de ciudadanos provenientes de Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen.
Sally Yates, quien había sido nombrada bajo la presidencia de Barack Obama, ordenó anteriormente a los abogados del Departamento de Justicia que no hicieran cumplir la orden ejecutiva del presidente.
En una carta, Yates había dicho que no estaba «convencida» de que la orden del presidente fuera lícita.
«Mientras yo sea la Fiscal General en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la Orden Ejecutiva», escribió.
Muchos se preguntarán qué pasaría si en Venezuela ocurriese lo mismo, cuando la Fiscal General del país suramericano, Luisa Ortega Díaz, dice que las marchas violentas convocadas por dirigentes de la oposición, y que han dejado más de sesenta muertos, son pacíficas.
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