Mucho han insistido analistas y voceros políticos en que los verdaderos financistas de la violencia en Venezuela no son los dirigentes opositores, sino que el financiamiento proviene de los Estados Unidos. Lo confirman las insistentes donaciones del Departamento de Estado para «la democracia en Venezuela», que recibe la oposición.
Sin embargo, a pesar de lograr encender violencia en pequeños focos de la geografía nacional, no logran el objetivo final, que es sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Por esta razón, eventualmente deben asumir ellos mismos las medidas para intentar arrinconar a un Gobierno legítimo y soberano.
En esta oportunidad, el Secretario de Estado, Rex Tillerson dijo que el Gobierno de su país prepara «una lista muy robusta» de funcionarios venezolanos a ser sancionados por el país que, sin moral, intenta convertirse en policía del mundo.
«Estamos trabajando con el Departamento del Tesoro para desarrollar una lista muy robusta de individuos», dijo Tillerson a congresista republicana y antivenezolana Ileana Ros Lehtinen, quien le pidió más sanciones contra Venezuela.
Como antecedente de estos hechos, el 8 de mayo de 2014, el senador Marco Rubio, también con una clara postura antivenezolana, propuso que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, la ex Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y el ex Ministro de Interior Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, entraran en la lista de los posibles sancionados por el gobierno norteamericano. ¿Tendrá algo que ver su actual posición con su escape de estas listas? La guarimba diplomática, parece haber rendido frutos en algunas ramas no tan firmes.
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JS