Ana Cristina Bracho, abogada, Magíster en Derecho Público y Derechos Fundamentales, concedió a VTActual.com una entrevista exclusiva sobre el caso de la muerte de 68 reclusos, durante el lamentable incidente registrado el pasado miércoles en los calabozos de la Comandancia General de PoliCarabobo, Venezuela.
«Para analizar cualquier situación que vulnere los Derechos Humanos es necesario tomar en cuenta unos principios básicos. El primero, es que toda persona tiene derecho a la titularidad y goce de derechos que le son conferidos por el simple hecho de ser personas, sin que puedan ser discriminados. Tradicionalmente el esquema de los Derechos Humanos se construyó sobre la idea de que existe un obligado que generalmente es el Estado y un beneficiario, que en este caso son los seres humanos en general. Como esa relación, en principio, es: entre una persona, ciudadano de un país o cuyos intereses están en el territorio de una nación y el Estado, el derecho internacional no interviene hasta tanto el Estado haya fallado», afirmó la especialista.
La abogada aseguró que un país puede fallar en materia de Derechos Humanos por hechos propios o de terceros, cuando no investiga o no sanciona los actos que se cometen en contra de las personas sujetos que no están subordinados a él.
«En el caso de la Comandancia de la Policía del estado Carabobo, cuando pensamos en un suceso que culminó con un incendio que costó la vida de sesenta y ocho personas, estamos en la esfera de sujetos que tenían derecho a la vida, que estaban en una situación más sensible como lo es estar privado de libertad –es decir, bajo la responsabilidad del Estado- lo que se ha abierto es el deber de investigar, condenar y reparar por parte de las instancias nacionales«, aseveró Bracho.
«Esto es lo que hemos visto hacer al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela desde el 31 de marzo, quien ha manifestado que han iniciado las investigaciones y cómo en función de los resultados de las mismas se ha ordenado la detención preventiva de varios funcionarios».
La abogada Bracho continúa afirmando: «Siendo esto así, la respuesta sería que por lo inmediato los organismos internacionales no tienen competencia para conocer ni incidir sobre los hechos porque el Estado venezolano está en el lapso durante el que debe cumplir sus obligaciones, y a tenor de lo declarado por el Fiscal está cumpliendo con la legislación nacional».
Sin embargo, la especialista dijo que el Derecho Internacional tiene una naturaleza política, sobre todo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es altamente posible que se produzcan pronunciamientos y solicitudes de oficio de medidas cautelares que señalen a Venezuela. «Lo afirmamos porque la CIDH utilizó esta herramienta en el año 2017, cuando en Guatemala ocurrió el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en la localidad de San José Pinula, donde murieron 40 niñas que estaban internas y porque en el ámbito interamericano han existido varios señalamientos y medidas en contra de Venezuela en materia penitenciaria», recordó Bracho.
«Estos casos conforman precedentes de actuación de sistemas internacionales en hechos similares que podrían hacer pensar que medidas de esta naturaleza sean tomadas aún cuando, insistimos, el Estado venezolano viene cumpliendo sus protocolos e incluso ha conseguido mejorar la valoración de su sistema penitenciario desde la adopción del nuevo régimen previsto en el Código Orgánico Penitenciario«, destaca la abogada.
«Por ello es necesario ubicar el contexto: recientemente la Comisión Interamericana incluyó nuevamente a Venezuela en el capítulo IV de su informe anual que se refiere a países donde considera ´no hay una plena vigencia de los derechos humanos´, sostuvo lo mismo en Ginebra y viene aplicando una verdadera persecución contra el país desde su sede de Derechos Humanos, así como en sus distintos foros políticos por lo cual no es de extrañar que tomen medidas como estas o incluso algunas más gravosas en contra de la nación suramericana», finalizó Bracho.
Detenidos 5 funcionarios de PoliCarabobo
En Twitter, el fiscal general Tareck William Saab informó este lunes que cinco funcionarios de la Policía de Carabobo fueron «indiciados de ser responsables de los trágicos hechos».
En otro tuit, Saab dijo que «Entre dichos funcionarios de la Policía de Carabobo detenidos destaca el de José Luis Rodríguez, subdirector de dicha institución policial». Además reconoció que el lamentable suceso fue consecuencia del “
Saab aseguró también que el Ministerio Público venezolano «garantiza el esclarecimiento de estos trágicos hechos y la sanción a todos los responsables sin distingo de ningún tipo».
SC