El “cambio de postura” registrado recientemente por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien actualmente se dedica a desacreditar al gobierno venezolano y defender las acciones violentas, el terrorismo y a los extremistas de la derecha nacional, ha traído consigo una serie de interrogantes.
Quizá la principal de estas fue la que dejamos al aire en un trabajo reciente en VTActual: ¿está Ortega cediendo a las presiones del imperialismo norteamericano, que impone sanciones periódicamente a altos funcionarios venezolanos como forma de amenazar y cercar a la Revolución Bolivariana?
Recordemos que la misma titular del Ministerio Público fue sancionada en el año 2011, y podría estar buscando el “perdón”, que suele tener como precio la declaración en acusaciones por crímenes contra figuras del chavismo.
A propósito de esto, hoy pasaremos a recapitular algunos de los casos más emblemáticos de dirigentes que sucumbieron ante las amenazas y promesas norteamericanas, terminando incluso a figurar como testigos protegidos del sistema judicial de ese país para declarar contra el gobierno venezolano. El denominador común de estos personajes es simple: su historial no está inmaculado, y venderse al gobierno estadounidense es una vía rápida para eludir la justicia en suelo venezolano.
El mayor general (R) Hebert García Plaza, exministro de Transporte Acuático y Aéreo, fue imputado por el delito de peculado doloso mientras dirigía dicha cartera: estuvo involucrado en la compra de tres ferrys con sobreprecio, y aunque se emitió la alerta roja de Interpol para su captura, Estados Unidos no lo extraditó.
Por el contrario, se aprovecharon de la sensible información que este manejaba, y que entregó sin contemplaciones: informó a Washington sobre la ubicación de armamento estratégico para la defensa de la soberanía nacional, lo que constituye una clara traición a la Patria.
El también exjefe del Estado Mayor contra la Guerra Económica fue acusado por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, de estar involucrado en la campaña de desprestigio contra el exgobernador del estado Aragua (centro) y actual Vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, a quien desde Estados Unidos se le acusa de narcotraficante.
Del caso de García Plaza queda un cuestionamiento en el aire, con respecto a la actuación de la Fiscalía: Ortega Díaz aseguró en su última alusión (mayo 2016) sobre este tema que esperaban conocer el paradero del prófugo para solicitar su extradición. Sin embargo, esa solicitud no se ha activado hasta la fecha, aun conociendo su actuación como “testigo” en Estados Unidos.
Rafael Isea, exgobernador del estado Aragua por el PSUV, fue el otro acusado por Cabello de comandar la campaña contra el actual vicepresidente de la República, que estuvo sustentada por noticias de medios internacionales, sin presentación de pruebas concretas de su presunta vinculación con el narcotráfico.
Isea, quien también estuvo al frente del Ministerio de Finanzas, tiene sobre él una acusación por hechos de corrupción por la paralización de diversas obras en la entidad aragüena, para las cuales el gobierno central desembolsó la totalidad de los recursos necesarios. Algunas de estas fueron finalizadas en la gestión siguiente, la de Tareck El Aissami, mientras Isea ya se encontraba prófugo y formando parte del programa de Testigos Protegidos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
El mayor general Cliver Alcalá Cordones, por su parte, pasó de ser acusado como “zar de la droga” a ser uno de los “exchavistas” consentidos por la prensa y por los Estados Unidos, al emitir constantemente opiniones contrarias al accionar del gobierno venezolano.
Este mismo año, a finales del mes de marzo, hizo un llamado velado a la rebelión en las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a evaluar que este cuerpo debe garantizar el cumplimiento de la Constitución venezolana, que a su juicio no se estaba respetando:
Alcalá volvió al redar a finales del mes de mayo, cuando denunció ante la Fiscal Luisa Ortega un supuesto plan de la FANB para utilizar francotiradores contra las protestas opositoras, aludiendo a unos materiales que habrían llegado a su domicilio de manera anónima.
El discurso utilizado por el exmiembro de la FANB con respecto a la actualidad venezolana guarda inmensas similitudes con el que ha adoptado la misma Ortega en los últimos meses: hablando de represión y actuación excesiva de las fuerzas de seguridad del Estado, pero omitiendo los linchamientos, la persecución y demás ataques a figuras del chavismo e instituciones del Estado.
Uno de los casos más representativos es sin duda el de Leamsy José Salazar Villafaña, quien de la mano de la agencia “antidrogas” estadounidense acusó a Cabello de pertenecer al supuesto Cartel de Los Soles.
Salazar comenzó a negociar con la DEA poco después de la muerte del líder revolucionario Hugo Chávez, en el año 2013, para finalmente trasladarse a territorio estadounidense en 2014, cuando comenzó a ser interrogado.
El exintegrante de la Armada venezolana que formó parte del equipo de seguridad de Chávez fue acusado por la periodista Eva Golinger como el posible ejecutor del asesinato del mandatario, aprovechando su cercanía con él. Eso explicaría por qué huyó y cambió de postura al poco tiempo de su fallecimiento.
El exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Eladio Aponte Aponte también llegó a los EEUU de la mano de la DEA, tras ser vinculado con el empresario Walid Makled, presunto narcotraficante, quien llegó a portar un carnet que lo acreditaba como su asistente, mientras estuvo al frente de la Fiscalía Militar.
Desde su salida de Venezuela, Aponte se ha encargado de denunciar a decenas de funcionarios venezolanos, entre ellos el mismo Cliver Alcalá, a quien contribuyó a poner el mote de “zar de la droga”.
En una entrevista otorgada a un medio norteamericano, el exmagistrado alegó que no se presentaba ante la justicia venezolana por considerar que no habría garantías en su caso, además de asomar la posibilidad de ser víctima de sicariato.
Luis Velásquez Alvaray, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, se fugó de la justicia venezolana en el año 2006, cuando llegó a Costa Rica en calidad de “refugiado”, aunque todavía no pesaba sobre él ninguna acusación penal (esta llegaría dos años después). Solo fue citado a una audiencia, a la cual no asistió, y se ordenó su destitución.
A Velásquez Alvaray se le acusa de haber cometido delitos de corrupción mientras estuvo al frente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura: la denuncia lo relacionaba con la compra de un edificio y la adjudicación de la contratación para su remodelación a una misma empresa, sin haber realizado el debido concurso de licitaciones.
Finalmente, en suelo norteamericano declaró la “penetración” del narcotráfico en el sistema judicial venezolano, apoyando la tesis de la DEA y sus testigos, y la futura matriz de posicionar al gobierno venezolano como un “narco-régimen”, que ya da la vuelta al mundo en forma de titulares de noticias.
Como se puede ver, la “traiciones” contra la revolución bolivariana suelen venir acompañadas de hechos de corrupción y posteriores declaraciones que vinculen a las autoridades venezolanas con actividades ilícitas, en particular relacionadas al tráfico de drogas. ¿Estará Ortega Díaz preparando el terreno para la protección de la DEA y ampliar las acusaciones que los antes mencionados han hecho?
JI
La verdad y la posverdad sobre la existencia del Cartel de los Soles