Muchas miradas han pasado sobre los fiscales Franklin Nieves, Susana Barreiros y Narda Sanabria (que participaron en el caso de Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular condenado a 13 años y 9 meses de prisión por su llamado a la violencia durante el año 2014).
Acusaciones y amenazas de todo tipo pesaron sobre estas tres personas por parte de los más extremistas opositores ante la decisión tomada con respecto a López, que ya ha cumplido 3 años de su condena.
Pero, ¿qué ha pasado con ellos desde entonces? Hoy les traeremos un repaso de estos últimos tres años para cada uno de ellos, que luego de ser tachados de “tarifados”, entre otras cosas, han cambiado radicalmente sus vidas.
Franklin Nieves
Tras haber llevado a cabo la acusación de la cual partió el juicio contra López, el fiscal Nieves en el año 2015 huyó hacia los Estados Unidos, donde además de declarar abiertamente contra el gobierno venezolano, acusándolo incluso de lavar dinero del narcotráfico, fue en calidad de “testigo protegido”, aunque había sido sancionado por el Departamento del Tesoro.
Entre otras cosas, alegó haber recibido presiones para actuar contra López, por parte de sus superiores en el Ministerio Público, algo desmentido contundentemente por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a la vez que cuestionó el proceder de Nieves: “En un proceso penal, los fiscales obedecen a la Constitución y a las leyes, si ellos observan irregularidades deben rechazarlas”, dijo en su momento.
Igualmente, en esa ocasión Ortega Díaz informó que el ya exfiscal fue destituido por abondono de sus funciones, tal como lo dictamina el ordenamiento jurídico nacional.
Por su parte, el abogado Germán Saltrón, especialista en Derechos Humanos, cuestionó la fiabilidad de las palabras de Nieves, quien la perdió «justo en el momento en que declaró que vio irregularidades y no las denunció».
Esto, afirmó el constitucionalista Jesús Silva citado por la BBC, representa un acto de corrupción confeso.
El alegato del exfiscal se resume en que al acusar a López actuaba bajo amenazas contra él y su familia, aunque a la fecha no ha presentado ningún tipo de pruebas que respalden tales acusaciones.
En su momento, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunció que a Nieves le ofrecieron un pago por encima de los 800 mil dólares, además del asilo político en EE.UU., para emitir esas acusaciones contra la justicia venezolana.
Susana Barreiros
En el año 2014, la fiscal Susana Virginia Barreiros fue la encargada de dar sentencia en el caso de Leopoldo López, que terminó en la condena que ya hemos referido, y que desató los demonios de la derecha en su contra.
Entre la ola de acusaciones, hubo una en particular cuya gravedad fue notable: se aseguraba, no solo que estaba “apadrinada” por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sino que –al igual que acusaban a este- había “la certeza de que pertenece al Cartel de los Soles”, según escribió el no muy equilibrado medio Caraota Digital.
En 2015, Barreiros fue nombrada como Defensora Pública, tras la votación de la mayoría del Parlamento nacional, basados en su extensa trayectoria, que incluía haberse desempeñado como jueza antiterrorismo.
Narda Sanabria
La fiscal acusadora durante las audiencias de López fue Narda Sanabria, cuya actuación fue objeto de diversas acusaciones y hasta chismes, como el difundido por algunos medios de la derecha según el cual habría ingresado un teléfono móvil a una de las sesiones, a pesar de la prohibición.
Al igual que sus dos compañeros, Sanabria habría sido acusada desde Estados Unidos de estar vinculada con el narcotráfico, lo que ganó entrar en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de la nación norteamericana, que con cierta regularidad aplica esta medida contra funcionarios venezolanos.
La Fiscal General contra el gobierno, ¿sucumbió a las presiones?
La titular de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se ha manifestado los últimos meses contraria a diversas medidas tomadas por otros poderes públicos, como el Ejecutivo Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia.
La tarde de este miércoles 24 de mayo, por ejemplo, se posicionó contra las fuerzas de seguridad del Estado en la contención de manifestaciones violentas que se han venido desarrollando en el país, además de contradecir los resultados de la autopsia efectuada a una de las víctimas mortales, Juan Pernalete, asesinado en Altamira, estado Miranda.
Desde entonces, ha pasado a ser una de las figuras referenciales de “justicia” y responsabilidad para la mayoría de los voceros de la oposición nacional e internacional, los mismos que anteriormente la acusaban de todo tipo de crímenes.
Sin embargo, anteriormente las políticas de presión tanto mediática como sancionatorias desde Estados Unidos la apuntaban de forma permanente.
En 2014 su nombre figuró en otra lista de funcionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro. Entre las razones, estaba su supuesta complicidad con hechos que la derecha catalogaba como “represión” por parte del Estado, intentando frenar la violencia de las protestas de aquel año.
En los años siguientes, dirigentes de los más diversos partidos de la derecha venezolana manifestaban muy a menudo y de manera pública su rechazo a la Fiscal General, llegando incluso a la utilización de términos ofensivos contra su persona.
https://www.youtube.com/watch?v=k1H2AgvNK-o
https://www.youtube.com/watch?v=46r3D5CCguM
Esos mismos, hoy alaban las palabras de Ortega, quien procede de manera diametralmente opuesta al accionar del Ministerio Público tres años atrás, en un contexto similar de violencia desatada en las calles por los sectores extremistas de la oposición venezolana.
¿Estará esperando un cambio en su situación ante los ojos de las autoridades estadounidenses? ¿Habrá pactado con la dirigencia de la derecha para promover un conflicto de poderes, como ya hiciera anteriormente la mayoría opositora en la Asamblea Nacional?.
JI