El asunto puertorriqueño va mucho más allá de la parafernalia que encabezaron algunos artistas de la isla contra el gobernador Ricardo Rosselló. Puerto Rico está en bancarrota pública, vive una corrupción galopante y una deuda social impagable.
El próximo 2 de agosto Rosselló dejará su cargo y quien le suceda recibirá la herencia de una deuda pública agravada desde 2016. La junta federal, enfrentada desde el inicio con el gobierno de Rosselló, hizo un flaco favor a la isla al autorizar recortes a los servicios públicos justo cuando el huracán María azotó el territorio borinqueño.
La crisis provocada por la deuda, la corrupción institucional, la ineficiencia en los servicios y el despilfarro de recursos, son algunas de las cargas pesadas que recibirá quien suceda a Rosselló frente al gobierno de los puertorriqueños.
Bancarrota y malos servicios
Antes de la llegada de Rosselló, Puerto Rico ya estaba en bancarrota. Más de una década de contracción económica tienen a la población de la isla en una situación esperada en tiempos de guerra. El próximo gobernante deberá enfrentar esta situación atado de pies y manos por la falta de autonomía que rige al estado asociado.
Por otra parte, la economía severamente afectada por el huracán María en 2017, no recibe ayuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que presta un servicio privado, costoso y mediocre que no contribuye con el arranque del sistema productivo de la isla.
Corrupción y sistema de pensiones
La deuda puertorriqueña asciende a unos 129 mil millones de dólares. Las autoridades se endeudaron con otros 74 mil millones que se gastaron en el sistema de pensiones y aún así deben 55 mil millones más al sector. Todo ello ocurrió durante un proceso llamado «reestructuración», que no paró en solución alguna.
Los escándalos de corrupción azotaron Puerto Rico con la misma ferocidad del huracán de 2017. Por ello es difícil explicarse porqué la farándula terminó imponiéndose en la salida de Rosselló con argumentos banales, cuando la gravedad estaba en todas partes. Congresistas de Estados Unidos se niegan a expandir poderes de la junta federal de la isla por mal manejo de fondos.
RB