Este viernes legisladores puertorriqueños se atrevieron a presentar ante el Senado y la Cámara de Representantes, una propuesta para que el pueblo pueda decidir la eliminación o ratificación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), organismo que controla las finanzas de este país y que está conformado por siete miembros impuestos por el Presidente de los Estados Unidos y un miembro nombrado por el Gobernador de la isla.
Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau y Denis Márquez, plantean que el mecanismo sea a través de las próximas elecciones. Asimismo señalan que de ser aprobada por el pueblo la eliminación de la JSF también se avalará “en un término no mayor de un año de esta votación” se le exigiría al Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) un proceso de descolonización.
“Lo que pretendemos con este proyecto de ley es que haya una expresión contundente del pueblo, no solo en contra de la Junta de control Fiscal sino en contra de lo que lo crea, que es el colonialismo”, aseveró Márquez en un mensaje que dirigió principalmente a la mayoría del Partido Nuevo Progresista y las minorías del Partido Popular en la Cámara y el Senado, que también están en contra de la JSF.
La consulta fue presentada al gobernador Ricardo Rosselló por el presidente y presidente ejecutivo del PIP, Rubén Berríos Martínez y Fernando Martín en una reunión realizada en mayo pasado en La Fortaleza, sin embargo los legisladores dijeron que no recibieron respuesta del gobernador.
«Ante la ausencia de voluntad del Ejecutivo para encaminar un plan de acción concertado con los otros presidentes de los partidos políticos hemos decidido tomar la ruta del proceso legislativo para estructurar un mecanismo que permita a la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo repudiar a la Junta y exigir al Gobierno de los EEUU un proceso de descolonización«, destacó Dalmau.
Por su parte Lebrón recalcó que luego de dos años de creada la junta “ha quedado evidenciada la agenda del ente colonial totalmente contraria al interés de los trabajadores, la educación pública, los niños y niñas de educación especial, jubilados y el pueblo en general».
EC
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