Tras ser decretada en emergencia Genova, ciudad italiana que sufrió el desplome de Morandi, su puente más importante, que comunica la ciudad con el puerto, las autoridades locales procedieron a desalojar a los vecinos que residían cerca de la estructura.
En medio del desalojo algunos residentes se quejaron y denunciaron una serie de irregularidades entre ellas la discriminación por parte del gobierno que prioriza la atención de sus ciudadanos italianos y como última opción los migrantes que vivían en el lugar.

“En casa somos cuatro, con mi mujer y mis dos hijas. No tenemos dónde caer. Priorizan a la gente mayor, a los italianos y luego a los inmigrantes”, denuncia Alfredo Wuan, un ecuatoriano que vivía en uno de los edificios cercanos a la torre del puente.

Familiares de Alessandro Pistone cuya casa está justo debajo del puente, manifestaba preocupación y temor de que su hogar fuese destruido, “las van a destruir, seguro. He vivido aquí 17 años. Una parte de mi vida quedará destrozada (…) En veinte minutos no puedes empaquetar tu vida entera”.

Las obras de demolición del puente y la construcción de un nuevo serán costosas y deberán correr a cargo de Autostrade, empresa que administra la infraestructura, dijo el presidente de la región de Liguria, Giovanni Toti, quien además recalcó que el puente nuevo deberá estar listo en un año.

La cifra de víctimas mortales fue reducida de 39 a 38 por el gobierno debido a un error, y los 15 heridos, (nueve de ellos de gravedad), siguen hospitalizados, detalló el jefe de la investigación, Francesco Cozzi.
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EC