En Latinoamérica se vive actualmente un fenómeno político sin precedentes, denunciado por líderes de izquierda como una estrategia de arremetida por los sectores de derecha, que en la última década habían visto truncada su oportunidad de llegar al poder.
Se trata, específicamente, de los procesos que se siguen contra los expresidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; y de Ecuador, Rafael Correa.
Tras haber logrado la interrupción de gobiernos progresistas en estos tres países tanto por vías electorales como por cuestionadas maniobras parlamentarias, la estrategia que la derecha sigue en la región pareciera estar dirigida es a impedir que los líderes de izquierda tengan oportunidad de postularse nuevamente a cargos de elección popular.
No menos importante es la situación que enfrenta el presidente en ejercicio de Venezuela, Nicolás Maduro, reelecto el pasado 20 de mayo. El mandatario venezolano, además de un bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos con el objetivo de hacer caer su Gobierno, enfrentó recientemente un intento de magnicidio.
El plan magnicida
En Venezuela, además de la difícil situación de la economía producto de la caída de los precios del petróleo y las sanciones unilaterales de Estados Unidos, que incluyen un cerco financiero, el presidente Nicolás Maduro se enfrentó a un atentado fallido hace dos semanas.
Lejos de una persecución jurídica como en los casos de Lula, Fernández y Correa, Maduro ha denunciado que el intento de magnicidio en su contra consistió de un plan gestado entre Colombia y Miami, con participación del expresidente neogranadino Juan Manuel Santos y actores de la derecha venezolana.
El Ejecutivo venezolano atribuye el atentado frustrado a intereses empresariales nacionales y foráneos afectados por el Programa de Recuperación Económica, que incluye un cambio de cono monetario que entró en vigencia este lunes 20 de agosto.
Se evidencia, detrás de las intenciones magnicidas, el interés de un grupo político por el desacarrilamiento a la fuerza de cualquier posibilidad de que Venezuela consolide un nuevo tipo de orden interno que le permita reponerse de la crisis social y económica que atraviesa actualmente.
Por la inhabilitación
En la noche del pasado 7 de abril el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ingresó en la sede de la Policía Federal de la ciudad brasileña de Curitiba, donde fue recluido para empezar a cumplir pena de 12 años de prisión por supuesta corrupción y lavado de dinero.
La dirigencia del Partido de los Trabajadores, que recién lanzó la candidatura de Lula a la presidencia para los comicios de octubre próximo, denuncia que detrás del proceso judicial contra el exmandatario está la intención de la derecha brasileña de inhabilitarle de continuar su carrera política.
El ahora candidato Lula da Silva continúa en prisión y está por verse lo que sucederá con su condición en los próximos días, luego de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidiera a Brasil que se tomen todas las medidas convenientes para que él pueda ejercer sus derechos políticos.
Acusación sin pruebas
En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner se encuentra procesada por cuatro causas y enfrenta acusaciones de asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación al Estado, entre otros delitos.
Fernández denuncia que es víctima de una persecución política en su contra en la que, a su juicio, actúan coordinados el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación que siempre fueron detractores de su Gobierno.
El Partido Justicialista, a cuyas filas pertenece Fernández de Kirchner, junto a organismos de DD.HH. como la de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, señalan que no existen pruebas certeras y firmes que la incriminen en los supuestos delitos que se le imputan.
Primero acusa, luego averiguas
Sobre el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, existe desde el pasado 3 de junio la orden de prisión preventiva en su contra que dictó la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, por estar presuntamente involucrado en el caso del secuestro del exdiputado Fernando Balda.
Al respecto, Correa asevera que existe un complot en su contra, y confía que la Interpol rechazará la circular roja emitida por la Justicia ecuatoriana ya que, consideró, se trata de un caso “político”.
La defensa de Correa, quien se encuentra en Bélgica desde que entregó la Presidencia ecuatoriana a Lenin Moreno, sostiene que las acusaciones en su contra no tienen fundamentación alguna, bajo el argumento de que, en principio, la Justicia de Ecuador le vinculó al caso sin antes establecer su supuesta responsabilidad.
MFD
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