Analistas y seguidores de la ex presidenta Cristina Fernández en Argentina, denunciaron como el último capítulo de la persecución política en su contra, un allanamiento a su residencia en Recoleta, Buenos Aires.
La medida se da en medio del descontento con el gobierno de Mauricio Macri por las pérdidas sociales, los incrementos constantes de los servicios públicos en Argentina y el favoritismo por la ex mandataria para los próximos comicios presidenciales.
Antes, la exgobernante -actualmente senadora- fue citada a declarar por el juez de la causa y se presentó en los Tribunales pero no respondió las preguntas sino se limitó a presentar un escrito. Recordemos que Fernández goza de inmunidad parlamentaria.
El abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón, denunció el allanamiento como ilegal y lo calificó como un «circo» montado por la Justicia, sobre todo porque en el lugar, previo a la llegada de las autoridades, ya se encontraban los medios de comunicación.
Analistas consideran que las investigaciones y el manejo del caso sobre la expresidenta responde a la necesidad de sus opositores de bloquear su muy posible candidatura para las próximas elecciones presidenciales por el movimiento peronista.
Sus detractores, en cambio, consideran que las revelaciones de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, o los casi cinco millones de dólares que aparecieron en una caja de seguridad de su hija, Florencia Kirchner, son pruebas irrefutables de corrupción.
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