Por faltas graves contra la moral que incluye el sobreseimiento de 80 por ciento de los casos de corrupción en el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI); la conformación de una red de extorsión en la Fiscalía, dedicada a manipular pruebas y cobrar cuantiosas sumas de dinero, así como la actuación negligente en casos de violaciones de Derechos Humanos, la exfiscal General de la República y hoy prófuga de la justicia venezolana, Luisa Ortega Díaz, fue destituida de su cargo el pasado 05 de agosto de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Fue precisamente en la sede del Poder Plenipotenciario que este viernes durante la entrega de la Memoria y Cuenta del Ejecutivo Nacional, el vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, solicitó al Ministerio Público y al Poder Judicial, la activación del código rojo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) en contra de Ortega Díaz.
Esta abogada venezolana, cuyo expediente de acusaciones llevó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a formalizar un antejuicio de mérito en su contra, evadió la justicia y salió huyendo del país junto a su esposo, el político Germán Ferrer, dejando propiedades llenas de lujos y excentricidades, para actualmente residenciarse en Madrid, España y atacar desde allá al Gobierno venezolano.
El actual Fiscal General de la República, Tarek William Saab, designado por la ANC en sustitución de Luisa Ortega, ha revelado los siguientes datos que han arrojado las investigaciones realizadas a la gestión de Ortega Díaz como titular del MP:
Sobreseimiento de casos por corrupción en la asignación de divisas.
Manipulación de pruebas como parte de una red de extorsión dentro del Ministerio Público.
Sobreseimiento de más de 5 mil casos por drogas, cuya cifra superó el número de acusaciones durante 2017.
Inexistente colaboración con la Defensoría del Pueblo para concretar investigaciones de DD.HH.
Alianza con factores de la derecha venezolana y extranjera que propiciaron acciones de violencia política con la pretensión de provocar una invasión extranjera y derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro.
Inacción del Ministerio Público durante los hechos violentos, registrados entre abril y julio de 2017, que dejaron como saldo 121 personas asesinadas, 1.958 heridos, 917 agresiones contra comercios y establecimientos privados, así como contra 913 instituciones públicas.
La exfiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, mantuvo por muchos años nexos con el exministro de interior y exdirector de la Disip, Miguel Rodríguez Torres, quien recientemente fue aprehendido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, luego que se le acusara de promover acciones contra la paz pública, en desmérito de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Constitución Bolivariana, así como por ser un agente de la CIA.
La ANC respaldó la solicitud del Vicepresidente Ejecutivo en pro de la activación del código rojo para capturar a Ortega Díaz, quien deberá enfrentar estos cargos en el país, del cual huyó para luego activar una campaña internacional contra las autoridades nacionales.
GB