La simple mención del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco Mundial (BM) en América Latina provoca temor y suspicacia.
El regreso de los fondos de ambas instituciones a las economías regionales –por obra y gracias de los gobiernos neoliberales- y sus severos programas de austeridad, que recortan la inversión social a cambio del sacrificio de la población, desmantelan compañías estatales, abren las puertas al libre comercio e impulsan las privatizaciones, sólo hace resurgir los fantasmas.
Por este motivo, VTactual rememora siete episodios que recuerdan la tirante relación entre los pueblos de América Latina y los dineros del FMI y del Banco Mundial.
1. La Argentina de 1958
El primer acuerdo entre Argentina y el FMI se firmó en 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi. Se trataba de un préstamo por 75 millones de dólares destinado a “estabilizar el problema cambiario” y “frenar la inflación”.
Por supuesto, el pacto implicaba cláusulas secretas de ajuste estructural, como la reducción del 15 % de los empleos públicos, lo que detonó un masivo despido de trabajadores, la paralización total de las obras públicas, la privatización de las empresas estatales, la reducción y venta de los frigoríficos estatales, la clausura masiva de ramales ferroviarios, restricciones en el otorgamiento de créditos, aumento de precios y congelamiento del salario mínimo por dos años, entre otras medidas.
Para ello, hubo dos misiones del FMI de visita en el país entre agosto y noviembre de 1958 y, a pesar de que los observadores del organismo financiero concluyeron que en la sociedad argentina no había un consenso favorable ante las profundas reformas a realizar, a mediados de diciembre los lineamientos del plan y la “Carta de Intención” para oficializar la petición de ayuda al FMI ya estaban listos.
2. El FMI financió la dictadura de Videla
Posteriormente, entre 1976 y 1983, el FMI abrió su cartera para financiar la dictadura de Jorge Rafael Videla, a quien inicialmente le desembolsaría un crédito de 110 millones de dólares pero terminó convirtiéndose, en agosto del 76, en 300 millones de dólares. En septiembre del 77 le firmaría “otro cheque” de 185 millones de dólares.
Como consecuencia, el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, debió adelantar una serie de privatizaciones de las empresas más productivas del Estado, además de medidas como la eliminación de aranceles de importación, la reorganización del sistema financiero, la unificación de la moneda y la liberación del control de movimiento de capitales. Así las cosas, la deuda externa se multiplicó por seis en tan solo seis años, de 7 mil millones de dólares en 1976 a 42 mil millones de dólares en 1982.
3. Banco Mundial, pinochetismo y FMI
Durante el gobierno, democráticamente electo, de Salvador Allende (1970-1973), Chile no recibió préstamos del Banco Mundial, que no consideraba al país lo suficientemente sólido como para ayudarle. Todo cambió con Augusto Pinochet, tras el golpe militar de 1973, cuando de repente el país se tornó creíble.
Por ello surgió el “milagro de Chile”, una serie de reformas económicas que adelantó la dictadura militar: la implantación de una economía de libre mercado, drásticas reducciones del gasto público y de la oferta monetaria; la privatización de las empresas estatales, entre otras.
Como consecuencia, surge la crisis económica del 82: la tasa de desempleo pasó de 4,3% a 22% en 1983; los trabajadores se vieron impedidos de reclamar mejoras; los salarios perdieron 40% de su valor; las cuatro familias más poderosas de país pasaron a concentrar el 20% del PIB y el FMI acudió a auxiliar la economía chilena.
4. El Caracazo, o el despertar antineoliberal
Se dice que la población de Caracas fue la primera en levantarse masivamente contra medidas de corte neoliberal en el continente y todo ocurrió durante el llamado “Sacudón” o “Caracazo” del 27 de febrero de 1989.
Por aquel entonces, la economía venezolana venía de una crisis a raíz del endeudamiento en el que incurrió el país después del «boom» petrolero en los 70 y como consecuencia de la implementación de un programa de medidas económicas propuesto por el FMI como requisito para concretar un préstamo de 4 mil 500 millones de dólares.
Se le llamó “Paquete Económico” y comprendía la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta 30%; la liberación de los precios de todos los productos de consumo; el incremento de las tarifas de servicios públicos (teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico); el aumento de las tarifas de transporte público en 30%, entre otros y el aumento de 30% del precio de la gasolina.
A solo pocas semanas de asumir el gobierno, el 26 de febrero, el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, puso en práctica el paquete de ajustes y de medidas económicas, financieras y fiscales. Se generó un estallido social en diversas ciudades del país que el gobierno pretendió controlar con un excesivo uso de la fuerza policial y militar, toques de queda y estado de excepción.
Durante nueve días, se registraron saqueos en más de 2 mil locales comerciales, entre bodegas y abastos (expendios de alimentos), farmacias, ferreterías, papelerías y ventas de mercancía en general; unos 154 incendios de magnitud; pérdidas materiales milmillonarias; y unos 276 decesos, según la cifra oficial, aunque se habla de que la cantidad pudo elevarse hasta los 3 mil 500 muertos, a juzgar por la posterior aparición de fosas comunes que fueron denunciadas por organismos como el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic).
5. El argentinazo o “el 2001” austral
Como consecuencia de una crisis política, económica, social e institucional que se venía acumulando en el país, exacerbada por dos operaciones de endeudamiento y refinanciación con el FMI denominadas “El blindaje” y “El Megacanje”, estalló en la Argentina del 2001 una revuelta popular generalizada bajo el lema «¡Que se vayan todos!».
Aquello causó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa y dio paso a un período de inestabilidad política en el que cinco hombres ocuparon la presidencia –entre 1998 y 2002- y una larga recesión que disparó una crisis humanitaria, de representatividad, social, económica, financiera y política.
El desencadenante inicial de la crisis fue el llamado «Corralito», el 2 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos.
El 13 de diciembre, las centrales obreras declararon una huelga general y, simultáneamente, comenzaron a producirse estallidos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, mayormente saqueos, robos de camiones en las rutas y cierre de calles.
Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio el 19 de diciembre y decenas de miles salieron a la calle a manifestar su descontento con el gobierno y los representantes políticos. Tras la orden de reprimir a los manifestantes, 39 de ellos terminaron asesinados. El 20 de diciembre De la Rúa renunció y dejó la Casa Rosada en helicóptero.
6. El Ecuador de Lenín Moreno
Con el objeto de recibir un préstamo de 10 mil millones de dólares del FMI, el Gobierno de Lenín Moreno anunció, la noche del 1 de octubre de 2019, una serie de medidas económicas y de reforma en cadena nacional para “estimular la economía” del país: liberó el precio del diésel y la gasolina, despidió a 23 mil empleados públicos e impuso el aporte de un día de salario mensual de los empleados públicos al fisco, entre otras medidas.
El aumento de las tarifas del combustible repercutió en el aumento del pasaje urbano y suburbano, lo que generó el descontento de sectores desfavorecidos que dependían del sistema de transporte para movilizarse, entre ellos, las comunidades indígenas del país, por ello estallaron protestas en Quito y otras ciudades. Se estableció un estado de excepción de 30 días, un toque de queda, un masivo despliegue militar y policial y el Ejecutivo debió mudarse a Guayaquil para “sortear” las manifestaciones capitalinas.
Como resultado de las confrontaciones entre las fuerzas del orden y los manifestantes, murieron ocho personas, algunos de los cuales eran líderes indígenas. Hubo, además, mil 340 heridos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) acusa, además, la desaparición de 108 personas.
7. El Chile de Piñera
La reciente situación de Chile tiene que ver con una serie de manifestaciones y disturbios originados en Santiago y propagados a las principales ciudades del país como Valparaíso y Concepción a raíz del aumento del pasaje del Metro (sistema subterráneo) capitalino, a partir del 6 de octubre de 2019.
Centenares de estudiantes se organizaron para realizar actos de “evasión masiva” (saltar el torniquete, es decir, entrar al sistema del Metro de Santiago sin pagar), lo que aumentó gradual y considerablemente e inició confrontaciones entre estudiantes y policías (carabineros) en las estaciones que se agravaron desde el 18 de octubre, cuando cesaron las operaciones de toda la red subterránea producto de daños, saqueos e incendios.
Durante la noche se realizaron protestas masivas en distintas ciudades del país, y pasada la medianoche del 19 de octubre, el gobierno de Sebastián Piñera decretó un estado de emergencia y, al día siguiente, un toque de queda. La situación se extendió a las cinco mayores áreas metropolitanas chilenas.
Aunque Piñera desistió del aumento del pasaje del Metro, las protestas continuaron bajo otros alegatos: alto costo de la vida, bajas pensiones, precios excesivos de los fármacos y tratamientos de salud, rechazo generalizado a la clase política, rechazo a las instituciones. Incluso las manifestaciones se tornaron cada vez más violentas.
Hasta el momento, las autoridades hablan de 20 personas fallecidas, principalmente por incendios y enfrentamientos con militares y 584 heridos. También hay registros de 2 mil 686 detenidos.
FF