La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) amplió este martes su rango de acción sobre el gobierno de Puerto Rico y exigió al órgano Legislativo y Judicial presentar informes sobre el manejo de presupuesto y sobre la asistencia de sus empleados, esto tras una iniciativa que apunta a la descolonización del gobierno de Estados Unidos.
A través de una carta la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó que es necesario tener acceso a toda la información financiera para poder cumplir con sus labores de control, por lo que solicitó la rendición de cuentas al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a Carlos “Johnny” Méndez, de la Cámara baja y a la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez.
Esta medida también aplica a todos los jueces del Tribunal Supremo y empleados, así como a la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión de Derechos Civiles, el Procurador del Ciudadano y la Oficina del Contralor.
El Senado y la Cámara de Representantes tendrán que supeditarse aún más a la JSF y dar detalles mínimos de sus niveles de efectivo, balances de sus cuentas bancarias y gastos de esa rama del gobierno en relación con el presupuesto.
“Estamos disponibles para discutir a su mejor conveniencia estos requisitos y los formularios modelo”, dijo Jaresko respecto a las nuevas medidas de control.
El Ejecutivo deberá presentar a la JSF un informe acerca del monto de los gastos por trimestre. Este requisito surge a semanas de que la jueza Laura Taylor haya desestimado una demanda del presidente del Senado en la que se alegaba que la JSF usurpó sus poderes.
El conflicto de poder surge luego que la JSF certificara un presupuesto para el gobierno de Puerto Rico dejando de lado el presupuesto que ya había aprobado el senado. Para ello el JSF argumentó que se vio obligada a certificar el presupuesto para el gobierno, porque la rama Legislativa aprobó un programa de recaudos y gastos que no era cónsono con el plan fiscal.
E.C
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