En medio de un incremento en la criminalidad, la Policía de Puerto Rico fue colocada en jaque por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de Estados Unidos, al recortarle 37 millones de dólares a su presupuesto.
El ministro de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, reconoció que la policía puertorriqueña quedaría prácticamente inoperativa si se impone la reducción al presupuesto, que equivale al salario de mil 300 agentes, justo cuando el cuerpo armado necesita incrementar su fuerza en dos mil agentes.
El recorte responde a que la jueza federal, Laura Taylor Swain, falló a favor de la JSF respecto al presupuesto que entró en vigor para el año fiscal 2018-2019, que desechó los argumentos del gobernante puertorriqueño, Ricardo Rosselló Nevares.
Las autoridades policiales boricuas anunciaron que establecieron conversaciones con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de la isla, José Iván Marrero, y con el ministro de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier, ante una posible deficiencia fiscal.
El senador y secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, calificó el recorte presupuestario contra la isla como la versión más reciente de la “humillación colonial” que ejerce EE. UU sobre el país.
No es un dato menor que un millar de policías se han acogido a retiro temprano o renunciaron para irse a Estados Unidos debido a la inestabilidad fiscal y el rezago económico que experimenta Puerto Rico desde hace más de una década.
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