La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la misma que puso en jaque al presidente Lenín Moreno hace unas semanas, ha decidido levantarse de la mesa de diálogo tras denunciar persecución contra sus miembros.
La decisión de la Conaie se da luego de que la Fiscalía anunciara una investigación preliminar contra el presidente de esta organización, Jaime Vargas, acusándolo de querer crear un «ejército propio» o «subversivo».
En conferencia de prensa, Vargas aseguró que no es verdad lo que afirma el Gobierno y que sus declaraciones previas se refieren a la organización de la guardia indígena, figura que contempla la Constitución y las leyes internacionales.
Sostuvo que no ha hablado en ningún momento de la conformación de un «ejército armado» y que no ha cometido ningún delito, pero que está dispuesto, en el marco del derecho, a cooperar con las autoridades en la investigación en su contra.
La investigación del Gobierno se basa en el artículo 349 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que cualquier persona «que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos o células terroristas, destinadas a subvertir el orden público (…) será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años».
En relación con el diálogo, Vargas dijo que mientras se reanudan las conversaciones con el Gobierno, la Conaie convocó a una asamblea para que las distintas organizaciones sociales e indígenas presenten sus propuestas.
Además, otro líder indígena de la Conaie, Apawki Castro, responsabilizó al Ejecutivo de Lenín Moreno de recientes ataques cibernéticos contra las plataformas de la confederación.
Durante 12 días, los movimientos sociales de Ecuador, protagonizaron marchas y protestas en todo el territorio que acorralaron a Moreno y su Gabinete y lo obligaron a abandonar la capital del país Quito, y a trasladar temporalmente su sede de Gobierno a Guayaquil.
La protesta fue por el aumento de los precios de los combustibles, medida tomada para cumplir con el cronograma de recortes del gasto público exigidos por el Fondo Monetario Internacional, que prestó a Ecuador 5.000 millones dólares.
Moreno se vio obligado a derogar el decreto y estableció una mesa de diálogo con los indígenas para elaborar una nueva propuesta.
Durante y después de las protestas, se denunció la detención arbitraria por motivos políticos de asambleístas del partido Revolución Ciudadana. El expresidente de ese país, Rafael Correa, denunció la práctica de Moreno, quien por cierto ganó la presidencia del país suramericano con este partido y con su respaldo.
MMMV