Fiscalía argentina pone a temblar a Macri y a la Gendarmería

En Comodoro Py, el fiscal Federico Delgado impulsó la apertura de una investigación para determinar si funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Gendarmería encubrieron el hecho. Como medidas esenciales, pidió que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informe de manera urgente todas las acciones que desplegó el Estado para encontrar a Maldonado y requirió copia del expediente que tramita en el juzgado federal de Esquel.

Delgado basó su dictamen en una denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay que advertía que “las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”

La presentación apuntaba a Mauricio Macri, Peña, Bullrich, Noceti, el ministro de Justicia, Germán Garavano, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y los comandantes de esa fuerza relacionados con los procedimientos contra la comunidad mapuche.

¿Un pacto de silencio?

El otro punto central de la denuncia, advertía que el Gobierno no dio “una respuesta satisfactoria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, que dictó una medida cautelar para que el Estado busque a Maldonado, ni al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. La explicación que envió el Estado argentino a esos órganos internacionales de máxima importancia en la custodia de los derechos humanos, apuntó a justificar a la Gendarmería, cuyos argumentos reprodujo, como recordó el martes en una conferencia de prensa junto con la familia de Maldonado, el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier.

El fiscal Delgado le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que abra una causa y le ordene a Peña un informe urgente sobre todas las medidas que se adoptaron desde el Estado para hallar a Santiago. También quiere disponer de una copia del expediente a cargo de Otranto para determinar el papel que tuvieron las fuerzas de seguridad, en el caso y en la investigación, y luego avanzar sobre los funcionarios.

Con información de Pagina12

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