Grave decreto dejaría a militares represores sin castigo en Bolivia

Luego del golpe de Estado contra Evo Morales Bolivia es un país sin ley; más bien con nuevas leyes muy extrañas. Las autoridades de facto se han tomado muy en serio la aniquilación política y física del adversario y para ello no escatimaron esfuerzos en sumar a los militares a la contención del orden público que debido a las enardecidas protestas por el golpe, rebasaron las capacidades de la policía. Hoy en Bolivia, un decreto protege a los militares que cometan algún exceso en sus funciones de orden público.

Se trata del rimbombante decreto supremo número 4.078, que establece que: «El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal».

El insólito decreto hizo que finalmente, y después de inocultables violaciones a los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hiciera público su rechazo al decreto que calificó de “grave” porque «desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta».

Murillo el carcelero de Bolivia

Todo va mal con el nombramiento de las autoridades de facto en Bolivia. No conforme con la autojuramentación sin quórum en el Parlamento de Jeanine Añez como presidenta, su gabinete, encabezado por el ministro interino del Gobierno, Arturo Murillo, desató una feroz persecución contra sus adversarios políticos. Para Murillo, quien no esté de acuerdo con el golpe de Estado, deberá ser apresado.

Murillo es la cara visible de la persecución política del gobierno de facto en Bolivia

«Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…)», dijo el funcionario del gobierno de facto para criminalizar las protestas. “Ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales«, agregó Murillo sin un asomo de duda. Desde que se dio el golpe de Estado, en Bolivia han muerto 23 personas y más de 700 han sido heridos por la represión, según cifras que maneja la CIDH.

RB

Bolivia en conflicto: Golpe de Estado, mentiras, cuotas y medios

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