Venezuela fue conmocionada por los actos terroristas llevados a cabo por unos presuntos funcionarios de seguridad del Estado, quienes a bordo de un helicóptero oficial secuestrado realizaron una serie de ataques con disparos y lanzamiento de granadas sobre las instalaciones y trabajadores del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como también contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la capital de la República.
Más allá de los hechos y las extrañas circunstancias en las cuales se desarrollaron los sucesos, además de que la investigación y búsqueda de sus autores materiales e intelectuales sigue en curso, a propósito del trato mediático que se le ha dado a los acontecimientos, VTActual te presenta algunos datos específicos de uno de los implicados para que usted mismo juzgue su perfil.
Óscar Alberto Pérez, de 36 años de edad y más de 15 de experiencia laboral, es un inspector adscrito a la división de transporte aéreo del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas). Egresó como licenciado en ciencias policiales del Instituto Universitario de la Policía Científica y era profesor en área de Técnicas Básicas de Operaciones en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes).
Según información publicada en sus propias redes sociales, ha trabajado como buzo de combate, paracaidista, operador táctico de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) e instructor canino K9 (entrenamiento de perros para detección de drogas, explosivos y rastreo de personas, entre otros) y desde hace algún tiempo es miembro de la fundación GV33 “Moral y Luces”, actividad muy divulgada a través de su Instagram presumiblemente para promocionar una imagen carismática.
Pérez fue piloto de Miguel Rodríguez Torres, exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y ambos están siendo investigados por sus presuntas vinculaciones con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica (CIA, por sus siglas en inglés) y con la embajada gringa en el país, acusados de agentes encubiertos infiltrados en el gobierno venezolano como informantes, respectivamente.

A Pérez también se le conoce por haber sido actor y productor de la película venezolana «Muerte Suspendida» de 2016, que trata el tema del secuestro y el crimen organizado, y recientemente han surgido imágenes y documentos que lo relacionan e involucran con cursos de adiestramiento y entrenamiento de combate en unidades élite norteamericanas.




Los familiares cercanos, su esposa Danahis Vivas Martínez, ingeniera en sistema especializada en desarrollo de aplicaciones web, junto con sus hijos, así como la madre de Óscar, Aminta Pérez, con quien es copropietario de la compañía de servicios de seguridad integral Arians, y quien fuera trabajadora del Ministerio Público, se encuentran fuera del país desde el año pasado, específicamente en Hermosillo, México.
En recientes declaraciones, el psiquiatra y alcalde del Municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, afirmó que solo haciendo un análisis somero basado en el perfil de Óscar Pérez en sus redes sociales se pueden notar un marcado narcisismo y tendencias psicópatas que no lo eximen de responsabilidad legal e hizo la comparación y contraste con el caso del esquizofrénico Joao Gouveia (también entrenado para realizar un ataque terrorista en el año 2002) y como la oposición venezolana utiliza estas peligrosas conductas con fines políticos.
Algo que resulta inquietante son las recurrentes fotografías de carácter religioso publicadas a través de su cuenta en la red social Instagram. Guerreros templarios e imágenes consideradas como parte de la identidad visual de la masonería indican que Pérez forma parte de este tipo de agrupaciones. Lo que más llama la atención es la relación evidente de tales imágenes con su mensaje divulgado el martes 27 de junio minutos antes de los ataques, en los que se presenta como “guerrero de Dios”.

A continuación le dejamos más fotografías para que usted saque sus propias conclusiones:







LM
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