Varios sindicatos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) de Puerto Rico presentaron una demanda impugnando la legitimidad de la legislación Promesa, que impuso la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El reclamo judicial surge porque las uniones de Empleados y de Médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado entienden que el gobierno puertorriqueño y la JSF han incapacitado retroactivamente sus respectivos convenios colectivos haciéndolos inservibles.
El presidente del gremio de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Francisco Reyes, explicó que se han aprobado una serie de leyes y un nuevo plan fiscal que ni siquiera cumple requisitos de la Ley Promesa.
«Con estas claras violaciones, el plan fiscal revisado no puede ser base para el plan de ajustes como requiere el caso de quiebra del gobierno bajo el Título III de Promesa, que está pendiente en el tribunal federal», afirmó el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez.
Alertó que cualquier plan de ajuste que siga este plan fiscal no puede ser confirmado como requiere la sección 314 de la ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos para asumir el control de las finanzas de Puerto Rico ante su bancarrota con una deuda pública de 73 mil millones de dólares.
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