Chile, después de Brasil, es el segundo país con la mayor concentración mediática de la región latinoamericana, con más del 75% para la prensa escrita y cerca de 90% para la televisión.
Esta cantidad de medios privados al servicio de intereses particulares o gubernamentales, ha marcado la diferencia en ese país suramericano, sobre todo en cuanto a la protesta social se refiere.
«Existe por lo tanto un verdadero problema en términos de libertad de información y de expresión igual que en otros países de la región como Brasil, donde hay también una gran concentración de la presa escrita (más allá del 85 % con imperios como Globo, el mayor grupo mediático de la región), o en México respecto a la televisión abierta, donde la concentración es del orden del 93 %», asegura el politólogo Franck Gaudichaud, quien se ha dedicado durante años a estudiar el caso chileno.
Para el experto, lo que existe en Chile es una verdadera «oligarquía mediática», que ha influido de manera determinante en el acontecer político y social de Chile.
«Nos enfrentamos al dominio de una oligarquía mediática muy cerrada, en el marco del neoliberalismo chileno que se instaló durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) y que después se consolidó en la «democracia» desde 1990. Dicha oligarquía financiera no solo controla los medios de producción y de distribución. Los principales recursos del país, controla también los medios de información y aplica una estrategia de control económico e ideológico de la información muy fuerte», explica Gaudichaud.
De acuerdo con un estudio realizado por el Consejo Nacional de la Televisión (CNTV) en 2016 solo cuatro operadores controlan más del 90 % del mercado mediático de la TV en Chile, especialmente cuando se trata de medios publicitarios y la audiencia.
Sin embargo, no sabemos mucho más de este informe, ya que la totalidad del mismo no fue publicada por el CNTV, el organismo encargado de «velar por el correcto funcionamiento de la televisión chilena», arguyendo que se publicaron solo los datos de TV, porque es a lo que se dedica, e ignorando todos los demás, pese a que el estudio contenía esas informaciones.
De acuerdo con el sitio en Internet Piensa Chile, afirma que la verdad de la concentración mediática en Chile surgida de este estudio de 2016, no se ha publicado porque el presidente del CNTV, Óscar Reyes, es parte de este sistema de medios que pretende regular.
«Un dato a tener en cuenta es que el presidente del CNTV, Óscar Reyes, forma parte del mismo sistema de medios a través de su propiedad de la Sociedad Periodística Cambio Ltda. (hoy S.A) que está a cargo del diario digital Cambio 21, cuestión que forma parte de su declaración de intereses», alerta el artículo publicado por este medio.
Una historia de larga data
La concentración de medios en Chile no es historia nueva. No en vano, en este país está uno de los periódicos más antiguos de América Latina aún en circulación, el diario El Mercurio, que data de hace 120 años.
«En el terreno de la prensa escrita nos enfrentamos a un duopolio casi perfecto: Por un lado el grupo Copesa, dueño de los periódicos de distribución nacional como La Tercera y muchos otros a nivel regional… y por otra parte tenemos el imperio de El Mercurio –el diario más antiguo de América Latina todavía en circulación- que pertenece a un imperio controlado por la familia Edwards desde hace generaciones«, alerta Gaudichaud.
Y es precisamente El Mercurio el medio que más influyó antes y durante el golpe de Estado con asesoría directa de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU (CIA), que culminó en el asesinato del presidente chileno Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, y gracias al cual se instauró una de las dictaduras de extrema derecha más violentas de Suramérica.
Y la labor de El Mercurio no acabó ese día, sino que durante los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet, no solo se dedicó a justificarla, también contribuyó al proceso de deformación del pensamiento de las nuevas generaciones de chilenas y chilenos, a quienes les inculcaron un odio irracional contra los movimientos políticos de izquierda, que aún hoy persiste.
Asimismo, con Salvador Allende y los miles de detenidos-desaparecidos, además de las más de 40.000 víctimas de tortura y otros delitos de lesa humanidad, también se fueron los medios alternativos y comunitarios. Sus periodistas fueron asesinados o desaparecidos. Uno de los casos más famosos es el de Carlos Berger, esposo de la abogada de DD.HH. y actual senadora por el Partido Comunista de Chile (PCC), Carmen Hertz.
https://www.youtube.com/watch?v=xWgU6xweLPE
Pero El Mercurio y su rival La Tercera, sobreviviría a la dictadura, a la «democracia» que después se estableció y que siguió al pie de la letra el modelo neoliberal diseñado por Pinochet y por Washington, y que hoy dominan prácticamente todo el mercado de la prensa escrita en la Chile actual.
«El patriarca, Agustín Edwards, fue uno de los actores muy conocidos del golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973 y recibió millones de dólares de la CIA en ese sentido, como lo atestiguan los archivos desclasificados. Su grupo controla El Mercurio, el primer periódico de difusión nacional (…) controla un montón de periódicos de difusión nacional (La Segunda, Las últimas noticias…) así como una gran parte, en casi todas las ciudades, de la prensa regional», denuncia Franck Gaudichaud.
«Se trata realmente de un imperio gigantesco que hace que, por ejemplo, un habitante de Valparaíso que quisiera comprar uno o varios periódicos nacionales o locales sólo leería prensa controlada por el grupo de la familia Edwards», concluyó.
La monopolización por las alianzas multiplataformas
Con la llegada del Internet, los medios tradicionales en Chile comenzaron a buscar la manera de esparcir sus mensajes en esta plataforma. Es así cuando el conglomerado de medios comenzó a crecer, por las alianzas entre empresas de distintos ramos de la comunicación, pero con el mismo interés: el control de las masas en Chile.
Según un artículo publicado por el medio chileno, Red Digital, esta tendencia, la llamada «propiedad cruzada» es posible en el sistema legal y político dejado por la dictadura, pues la ley chilena que rige la materia, no pone limitación alguna para evitar que una sola persona natural o jurídica tenga un monopolio mediático.
«Al amparo de la precaria ley chilena, que no establece ninguna regulación sobre la concentración mediática en torno a una persona natural o jurídica, a partir de los noventa comenzaron a proliferar los grandes holding multiplataforma que emiten o publican contenidos en distintos formatos, estableciéndose una “propiedad cruzada” en el negocio de los medios, en estructuras monopólicas u oligopólicas», detalla Red Digital.
Mapa mediático de Chile
En resumen, el mapa de los monopolios y oligopolios de medios en Chile, puede resumirse de la siguiente manera:
Prensa escrita: Es prácticamente un duopolio entre el Grupo Copesa (dueño de La Tercera y otros diarios regionales) y El Mercurio.
Radio: En este campo reina un oligopolio, que acapara el 70% del mercado, entre empresas chilenas y un mega consorcio español.
- Consorcios chilenos: Dial (del Grupo Copesa), Compañía Chilena de Comunicaciones y Familia Bezanilla.
- Consorcios extranjeros: Grupo Prisa, español. Tiene bajo su poder 220 frecuencias, que corresponden al 30% del mercado y el 50% de la inversión publicitaria.
Televisión: En sólo cuatro operadores se concentra el 95% de la audiencia nacional y la inversión publicitaria: TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13.
La protesta social y los medios
Y después de haber construido un imperio mediático ultraconservador, bajo la tutela del Estado chileno, la protesta social en este país suramericano no es muy bien vista.
Desde hace más de una década, grupos sociales minoritarios como el pueblo mapuche, han denunciado constantes violaciones a los derechos humanos y arbitrariedades procesales que han llevado a la muerte a varios líderes de esta comunidad indígena.
Por ejemplo, pese a que medios alternativos han denunciado el fallecimiento de por lo menos 15 mapuches por parte de las fuerzas del orden desde el 2001, en protesta por la concesión de sus tierras ancestrales a grandes compañías forestales y de otros ramos de la agricultura, el conglomerado mediático privado, suele tratarlos como «terroristas» y en muchas ocasiones justificar sus ejecuciones.
Y el estallido en octubre de 2019 de la llamada «Revolución de los 30 pesos», una serie de protestas que comenzaron en Santiago, y se extendieron por todo el país, no sufrió mejor suerte.
Silenciada durante los primeros días, las protestas sacaron nuevamente lo peor del legado de la dictadura: Volvían las torturas y las detenciones arbitrarias, pero esta vez, no contra un grupo reducido de indígenas, sino en contra de millones de civiles, muchos de ellos citadinos de clase media alta.
Maya Monasterios/VTactual.com
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