Tras el anuncio realizado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, el pasado viernes 12 de junio –la designación de los cinco miembros del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)- la oposición venezolana cantó inmediato fraude para tratar de agravar el conflicto político por el que pasa la nación suramericana desde el último año y medio.
La derecha señala como un atentado a la Constitución el intento del chavismo de avanzar en las elecciones parlamentarias, pero lo que queda de relieve es lo afectado que se encuentra el liderazgo de Juan Guaidó, principalmente luego que se develara su participación en la fracasada Operación Gedeón contra Nicolás Maduro, además de lo fraccionado que está el sector que adversa al chavismo gobernante.
De hecho, las presiones para generar unas nuevas elecciones presidenciales, ya que no reconocen al mandatario legítimamente electo de Venezuela, no han dado sus frutos. Además, el desgaste que ha sufrido la agenda “cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” que ha esgrimido desde enero de 2019 ha generado frustración en la militancia antichavista. Lo que de seguro sí habrá en Venezuela, antes de que culmine 2020, son elecciones parlamentarias, como corresponde según establecen las leyes.
La sola posibilidad de la convocatoria comicial tiene a la derecha política en un “tres y dos”, como se dice coloquialmente en Venezuela, contra las cuerdas. Los errores cometidos durante los últimos 16 meses dan cuenta de que podría perder mucho más que el único resquicio institucional que le queda para continuar haciéndole el juego a Washington entre sanciones, bloqueo económico y el robo de cuantiosos activos nacionales al Estado venezolano. Se trata de que la llamada “presidencia interina” no tendría ningún piso que le sostenga, si se considera que su auge se basó en el control del Poder Legislativo.
El gran dilema la oposición
Medios como la británica cadena BBC señalan que la designación del nuevo CNE allana el camino hacia unas peligrosas parlamentarias para la oposición a Nicolás Maduro, quien se mantiene firme en su propósito de convocar las elecciones para desalojar a sus rivales del Parlamento, “la institución en la que fundamentaron la legitimidad de su causa a ojos del mundo”.
También asegura que entre el grupo antichavista han surgido preguntas como “¿qué hacer ante unas elecciones organizadas por un CNE nombrado por el Tribunal Supremo (al que desconocen)? ¿Participará la oposición mayoritaria a pesar de todo? ¿Pasará como en las presidenciales de 2018? De no participar, ¿cederán sin pelear el espacio (de la AN) que le dio relevancia a Juan Guaidó?
En el partido de Guaidó creen que la “falta de garantías” impide participar en unos comicios cuyos resultados cantan amañados de antemano, por lo que ya se han negado a participar o reconocer lo que de éste se produzca. Pero otras voces afirman que no participar supone ceder todo el poder al chavismo y condenar a la oposición a la irrelevancia.
Es justo lo que le ha dicho el rector Rafael Simón Jiménez, vicepresidente del naciente Consejo Nacional Electoral de Venezuela, al medio estadounidense la Voz de América (VOA): “Deben cambiar de opinión. La abstención es la nada, la antipolítica, quedarse en la casa, la resignación frente a toda la tragedia y el desastre que tenemos en Venezuela. Es muy temprano para juzgar lo que va a pasar en diciembre, si las elecciones son ese mes. Cualquier cosa se puede hacer en el marco de los acuerdos, de la negociación, que hay que quitarle un sentido pecaminoso”.
Manipulaciones arteras
También deploró las manipulaciones armadas desde algunos sectores de la dividida oposición: “Cuando tú negocias con el gobierno, eres traidor, vendido y colaboracionista. Hubo un acuerdo entre el doctor Julio Castro, un eminente médico sanitarista en representación de Juan Guaidó, y el Gobierno para acceder a los fondos de la OPS por el tema de la pandemia. Me parece noble, pero no es posible que ese acuerdo lo firme Guaidó y eso sea noble y que cualquier acuerdo que firme cualquier otra persona de la oposición sea una traición”. Agregó que se trata de “maniqueísmos y manipulaciones inadmisibles”.
A pesar de que la oposición que acompaña a Guaidó tilde de traidor a Rafael Simón Jiménez, éste sólo tiene en mente derrotar al chavismo en los próximos sufragios: “Ya se ha derrotado al chavismo. Si me pusiera con una bola de cristal a ver qué dicen los astros, los dioses… lo derrotamos en 2007, en 2015, en gobernaciones, en todos los espacios”.
Agregó: “Si nos ponemos a ver, la lucha es realmente asimétrica, porque es entre una oposición que tiene 80% para capitalizarlo, canalizarlo y activarlo y un gobierno que está erosionado en su base de apoyo popular”.
Lo cierto es que, pese a los ataques, dice no tener problema en admitir que su designación por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia forma parte de un acuerdo político con el madurismo de cara a las elecciones parlamentarias.
Según Jiménez, existe un preacuerdo de 18 condiciones y garantías electorales que, “de materializarse en el directorio que integra, cambiará el parecer abstencionista”, al menos entre los votantes, por lo que instó a la comunidad internacional, a Juan Guaidó y a los principales partidos políticos “no negarse a priori a refrendar un proceso electoral apenas incipiente”.
Asimismo, aseguró que delegados de partidos que apoyan a Juan Guaidó negociaron la composición del CNE hasta un día antes del fallo del Tribunal Supremo de Justicia, el viernes pasado: “Estuvieron sentados, hicieron propuestas” e incluso presentaron el nombre de un abogado como eventual rector principal.
La omisión legislativa
Aunque la Constitución Bolivariana dice que los miembros del CNE deben ser elegidos por la Asamblea Nacional, no por el TSJ, desde noviembre de 2019 negociaban su nueva composición en el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, pero no habían alcanzado un acuerdo.
El pasado 4 de junio se produjo un giro inesperado, cuando partidos minoritarios de oposición solicitaron al máximo ente judicial que declarara la llamada “omisión legislativa” ante la falta de acuerdo en el Parlamento y designara él mismo a los nuevos miembros del CNE.
No obstante, dio a la Asamblea Nacional un plazo de 72 horas para que le entregara su lista de candidatos a formar parte del Consejo, de lo que no hubo respuesta por parte de la AN que maneja el G4, los partidos de la oposición autocalificada de mayoritaria (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo).
Por ende, el TSJ debió designar a los nuevos miembros del CNE, cuya juramentación se celebró en la sede del tribunal en Caracas, con los nuevos integrantes: Indira Alfonzo, Tania D’amelio, Rafael Simón Jiménez, José Luis Gutiérrez y Gladys Gutiérrez.
Inmediatamente, diversos analistas coincidieron en que en el nuevo Consejo predominan los cercanos al gobierno, a lo cual siguió la reacción de dirigentes de la oposición extremista, quienes se manifestaron en contra de la designación.
En vista de lo que ya asoman los voceros de la derecha venezolana, se avizora infinidad de obstáculos en el camino hacia las parlamentarias: los extremistas internos pretenden desconocerla aún sin haberse desarrollado y ya cuentan con personeros de EE.UU. y de la Unión Europea para proseguir la campaña de veto a la institucionalidad de la nación suramericana en el ámbito internacional.
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