Mientras Venezuela es permanentemente señalada y sancionada, los organismos internacionales no miran a las «democracias» latinoamericanas, esas dirigidas por los líderes que se reúnen con #DonaldTrump en la Casa Blanca, y que están inmersas en abiertas violaciones de los DDHH.
Las masivas protestas que han sacudido casi por completo a América Latina, han sido fuertemente reprimidas por estos gobiernos y sin que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la OEA, hayan alzado su voz, como lo han hecho con Caracas, o hayan enviado comisiones para evaluar el estado de los DDHH de estos pueblos.
Caso Chile
Chile es quizás, el caso más mediatizado de las crisis latinoamericana. Comenzó como una protesta espontánea, hace nueve semanas, en contra de la represión a estudiantes que se negaban a pagar el aumento del pasaje del metro, y se ha extendido a todo el país, que pide un cambio total del modelo neoliberal heredado de la dictadura.
Y es que las fuerza del orden público de este país, no sólo heredaron el modelo económico, sino que fueron entrenados y practicaron durante los 17 años del gobierno militar, en represión, tortura y asesinatos por motivos políticos.
“Los DDHH son violentados no solo por la acción de aquellos que no respetan los DDHH sino que también por las omisiones de aquellos que tenemos la obligación de respetar y hacer respetar los DDHH”. #AcusacionConstitucionalAPiñera pic.twitter.com/MKtVu6KUE4
— Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) December 11, 2019
El cuerpo de Carabineros y el Ejército de Chile, al cual el presidente de ese país, Sebastián Piñera, sacó a la calle durante aproximadamente una semana en el marco del toque de queda, son responsables de por lo menos 26 muertos y más de 12.000 heridos, según cifras oficiales.
Pero además, organizaciones de defensa de los derechos humanos, movimientos sociales y partidos de izquierda, han denunciado la instalación de centros de tortura clandestinos, violencia sexual a hombres y mujeres, y ataques con armas de perdigones plásticos rellenos de metal directamente a los ojos, que ha dejado una cifra récord de unas 352 personas con lesiones graves que implican pérdida parcial o total de la visión.
Caso Colombia
Colombia es un país en guerra. No solo por el fracaso de los acuerdos de paz de La Habana, que según la guerrilla fueron incumplidos por el propio Gobierno de Iván Duque, sino por la presencia de lo que muchos han denunciado como un narco-Estado.
Y en esta dura realidad, la protesta social, y todo aquel que se oponga al sistema, corre el riesgo de morir. Según un informe del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, sólo hasta julio de este año, más de 620 líderes sociales habían sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, es decir, un promedio de 200 por año.
Estos líderes sociales formaban parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales, pero también fueron asesinados candidatos a alcaldías y gobernaciones durante este 2019, uno de los años más sangrientos de la política colombiana.
El gobierno de @IvanDuque ha encerado en jaulas a periodistas que cubrían el Platón en el aeropuerto el
Dorado.Qué clase de autoritarismo está irguiendo el @CeDemocratico en el país? pic.twitter.com/fMJtGrkD8p
— Harol Duque (@DuqueHarol) December 8, 2019
De acuerdo a datos aportados en octubre pasado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) al menos 22 candidatos fueron asesinados y un total de 171 amenazados en Colombia.
Y en noviembre el pueblo colombiano salió a las calles, como en Chile, a pedir reformas sociales y el fin de las políticas neoliberales que han causado desigualdad en el país andino.
Estas protestas también fueron reprimidas por el gobierno democrático de Colombia, y, hasta la fecha han dejado unos tres muertos y más de 250 lesionados, 98 detenidos y 53 allanamientos, de acuerdo a las cifras oficiales.
«En las últimas horas las autoridades han confirmado la muerte de dos personas en Buenaventura en medio de disturbios y una más en Candelaria, ambos en municipios del (departamento) Valle del Cauca”, en el oeste del país, dijo el para entonces ministro de la Defensa, Carlos Trujillo.
Caso Bolivia
Tras el golpe de Estado contra Evo Morales, el gobierno de facto de Jeanine Áñez, comenzó una represión como hace más de diez años no se veía en ese país.
Allanamientos abusivos, notificaciones azules y órdenes de aprehensión. Continúa la cacería del gobierno de facto, todo para desviar la atención del informe de la @CIDH, que habla de masacres y violaciones masivas de derechos humanos.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 11, 2019
Cuando las organizaciones populares e indígenas del país, salieron a protestar por la renuncia de Evo Morales, la policía y el Ejército, ambos organismos implicados en el derrocamiento del primer presidente indígena de Bolivia, salieron a las calles a reprimir.
El resultado, lamentable: 32 muertos y cientos de heridos, además de un presidente exiliado, y varios legisladores y políticos del otrora partido de Gobierno, Movimiento al Socialismo (MAS), asilados en embajadas de países como México.
MMMV/VTactual
