El Gobierno italiano endureció, a finales de septiembre, las condiciones de los solicitantes de asilo en el país con la aprobación de un decreto que prevé, entre otras cosas, la expulsión de los inmigrantes considerados «un peligro social» o condenados en primer grado.
La normativa ha sido aprobada en el Consejo de Ministros y ha sido impulsada por el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, que en los tres meses que ostenta el cargo está llevando a cabo una política de freno a la inmigración.
El decreto contempla que la condena en primer grado para terminar el proceso de solicitud de asilo puede ser por delitos relacionados con drogas, robo, violencia sexual, violencia contra un funcionario público o lesiones graves, toda vez que prevé medidas como la de que los inmigrantes que tengan una condena definitiva por terrorismo verán retirada su ciudadanía italiana.
Definidos los motivos humanitarios
El periodo de permanencia en los centros para refugiados se amplía de 90 a 180 días, mientras los solicitantes de asilo tramitan su petición de residencia y, a partir de ahora, suman seis los supuestos para que puedan entrar en Italia extranjeros por motivos humanitarios.
Se trata de las víctimas de explotación, quienes tienen problemas de salud y los que requieren tratamientos médicos o sufren calamidades (de hecho, podrán tener un permiso especial para permanecer en el territorio), los que sufren violencia doméstica o a quienes se les reconozca por haber realizado una buena obra en la sociedad.
Salvini mantiene la política de mano dura contra la inmigración y los extranjeros y ha declarado su intención de cerrar todos los campamentos de gitanos en Italia antes del final de la legislatura, aunque reconoció que esta medida no está incluida en este decreto.
FF
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