El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, convirtió en ley la medida que hace que la Comisión de Energía de la isla este adscrita a una nueva Junta Reglamentadora de Servicio Público.
Recordemos que aún la isla no recupera por completo los servicios eléctricos tras el paso de los huracanes y la escasa atención del gobierno de Estados Unidos para reestablecer la normalidad.
Se trata de la “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico”, que fusiona la Oficina Independiente de Protección del Consumidor (OIPC), la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y la Comisión de Servicio Público.
Según el gobernador, hasta la fecha han completado sietes planes de reorganización que han impactado a más de 30 dependencias del estado, que a su vez representa un ahorro de $30 millones anuales.
“Todas tienen un rol. Hay una independencia que hay que salvaguardar en cada una de ellas”, explicó el gobernador.
La medida se tomó mientras el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal ha insistido en la despolitización de la Autoridad de Energía Eléctrica y el interés de crear un regulador independiente.
El director de la Oficina de Protección al Consumidor, José Pérez Vélez, se había quejado con el presidente del Comité, Rob Bishop, por “los esfuerzos por politizar aún más la transformación energética».
No es un dato menor que Puerto Rico enfrenta una disminución drástica de su presupuesto nacional toda vez que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de EE. UU disminuyó la partida para la isla.
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