El rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, cobró en la mitad de la década de los noventa 4,2 millones de euros al mediar en una operación inmobiliaria en Playa del Carmen, localidad del caribe azteca, en la cual participó la empresa española de la construcción OHL.
El pago de la operación, equivalente a 105 millones de pesos mexicanos, se hizo a una empresa fantasma en 2009, creada por el exmonarca, ubicada en un paraíso fiscal.
La información la ofreció el primo del exsoberano ibérico, Álvaro de Orleans, en una declaración ante la fiscalía suiza, en la cual detalló que la transacción ocurrió entre las presidencias de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
“A mediados de los años 90 tuve conocimiento de unos terrenos destinados a la venta en México, para ser más exactos en Playa del Carmen. Estas tierras pertenecían a una empresa caribeña, esencialmente mexicana”, dijo al fiscal suizo Yves Bertossa, quien es hijo de Bernard Bertossa, el fiscal que investigó las cuentas ilegales de Raúl Salinas de Gortari y de su entonces esposa, Paulina Castañón.
En esa época la multinacional española OHL invirtió en el caribe mexicano, primero con la construcción del complejo turístico Ciudad Mayakoba y después con la absorción de las empresas Huarte y Obrascón, en una operación impulsada por el entonces presidente y fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, hoy fuera del cargo y acusado ante múltiples tribunales por corrupción.
Este caso de corrupción no es el primero que registra el exmonarca español, dado que a principios de junio de este año el Tribunal Supremo de esa nación europea inició una investigación contra el rey emérito para establecer su presunta vinculación con el cobro de 80 millones de euros como comisión por la adjudicación de la ejecución de la línea de ferrocarril de alta velocidad, conocida como «AVE del desierto» a empresas de la nación ibérica.
Ante el entramado de corrupción que involucra a la realeza española y que es investigado por autoridades suizas y españolas, el partido de izquierda Unidas Podemos y parte del Gobierno de coalición solicitó una investigación sobre el hecho desde marzo pasado.
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