Un nuevo capítulo parece asomarse a la historia del reclamo venezolano sobre el Esequibo que ocupa Guyana: el actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sugirió el pasado martes que, ante la “falta de avances significativos”, el caso pase a manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Como resultado, y siguiendo la recomendación que había hecho su antecesor, Ban Ki-moon, Guterres «ha escogido a la CIJ como el medio a ser utilizado para la resolución de la controversia«, lo cual ha sido aplaudido por el gobierno guyanés pero rechazado por el venezolano.
En un comunicado, Georgetown señaló que la CIJ siempre ha sido vista como el “foro apropiado” para llegar a un acuerdo pacífico y definitivo sobre la controversia territorial. No extraña para nada la posición del gobierno de David Granger. Dejar de lado el Acuerdo de Ginebra de 1966 es omitir el grave despojo que se le hizo a Venezuela, ya que dicha resolución anula el Laudo Arbitral de 1899, al reconocer que fue un robo con fines políticos por parte del imperialismo británico.
Es por eso que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, recalcó que su gobierno reitera “su firme disposición de defender la integridad territorial de la Patria y mantener la negociación política sobre el territorio de la Guayana Esequiba, con base al Acuerdo de Ginebra de 1966”.
El interés de Guyana por mantener su ocupación sobre la Zona en Reclamación por parte de Venezuela, debido a que en 2017 la gigante petrolera estadounidense Exxon Mobil encontró varios yacimientos petrolíferos que salvaron la empresa de un grave declive financiero, lo que corrobora que se ha estado explotando los hidrocarburos de manera fraudulenta.
JA