Este viernes se conoció que el Tribunal de Cuentas de España condenó a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a otros siete altos cargos de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado
La sentencia concluye que los implicados «incurrieron en una negligencia grave» porque «no impidieron el perjuicio en el patrimonio público» a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al citado fondo de inversión por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.
La sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas este 27 de diciembre no solo determina que el precio al que se vendieron los pisos «dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público», también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades que rebosan el expediente.
El caso es el resultado de una demanda del Ayuntamiento de Madrid que gobierna actualmente Manuela Carmena quien hace un año a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a parte del Ejecutivo de Botella por lo que consideraba una sospechosa operación de venta de viviendas públicas.
La operación había suscitado críticas muy duras por los inquilinos que se quejaban de los cambios de condiciones cuando pasaron a depender del fondo de inversión.
NB